Primero fue el caso Cassez, donde se vio claramente la intervención del Ejecutivo por influir en la decisión de los jueces sobre la liberación de la secuestradora francesa, a pesar de las múltiples pruebas en su contra; después vino la detención de La Maestra, que si bien cuenta con una larga cauda de delitos, recibió el castigo por oponerse a la voluntad del Señor Presidente; sumen a esto las interminables intervenciones ante el legislativo para que las reformas sean aprobadas de acuerdo a la suprema voluntad, el nombramiento de Enrique Peña como sumo elector en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y lo que es peor, el silencio cómplice de los medios de comunicación, que cuando mucho señalan de manera timorata algunas de las fallas, pero que están prestos para destacar los aciertos del ejecutivo federal por nimios que parezcan. Pues ahora es la PGR la que se despacha con la cuchara grande, y nada menos que para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana de tan importante institución. El pretexto es que hay que modernizar las herramientas, para ello hay que hacer un análisis y reestructuración… que obviamente pasa por desintegrar el arcaico instrumento ideado y puesto en marcha en 2002 y actualizado en el lejanísimo 2011.
Ya no se pueden abrigar dudas, el actual equipo del gobierno federal añora los tiempos en que la única voz que importaba, la única voz que se escuchaba en los asuntos de gobierno era la de su Alteza Serenísima, el Inmaculado Presidente de la República. Pareciera que los avances logrados en los últimos 20 años por sudor y lágrimas, no de un partido político, sino de la sociedad entera, serán echados abajo, destruidos desde su cimiento, para que una vez más, se alce con el poder absoluto el que se considera único heredero de México, el auto ungido salvador y redentor de los mexicanos, el dedo salvador, el Partido Revolucionario Institucional.