Juan Pablo Castañón Castañón
Esta semana se llevará a cabo el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, dispuesto y acordado específicamente para procesar las observaciones presidenciales relativas a las adiciones improcedentes que se hicieron en el artículo 32 de la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De esta forma, se concluirá la fase de procesamiento legislativo para construir el Sistema Nacional Anticorrupción, para que demos paso a un nuevo capítulo, de implementación y exigencia de cumplimiento, para que éste pueda consolidarse y rendir los resultados que esperamos los mexicanos.
Esos resultados, en concreto, se traducen en abatir la incidencia de actos de corrupción y abusos, y sobre todo, la impunidad con que se cometen. Esta es la "prueba de fuego" de la reforma anticorrupción que se ha aprobado.
Como toda reforma, es siempre perfectible, pero sin duda, lo que se ha logrado es un paso en el sentido correcto. Se dotará al Estado y a la sociedad de nuevos instrumentos y recursos para avanzar con paso firme en el desafío número uno que tenemos, que es afianzar el Estado de derecho como piedra angular del ejercicio de gobierno y la vida pública.
El desafío de consolidar el estado de derecho democrático en México es un camino en el que queda un muy largo trecho por recorrer, con grandes resistencias y obstáculos por superar. Tener las leyes y las instituciones idóneas para ello, es sólo el comienzo, el inicio; se requiere de voluntad política y social para hacer que funcionen, en consenso, para que rindan frutos.
Necesitamos un Estado y una sociedad decididos a que efectivamente impere la ley, sin pretextos ni discrecionalidad. Esto significa que no puede justificarse ni permitirse el que se violenten los derechos de terceros, como arma de negociación política o con cualquier otro fin -legítimo o no- como hoy ocurre en relación con el conflicto magisterial en el sur del país.
De igual forma, como nación, no podemos consentir el que ningún servidor público, del nivel que sea, pretenda esquivar responsabilidades mediante argucias, imposiciones o simulaciones con las que sólo se busque protección y reproducir la impunidad. Los gobernadores electos tienen la responsabilidad de aclarar y, en su caso, sancionar, las acusaciones que existan contra las administraciones salientes. Esa es una exigencia ciudadana, y debemos de proceder como Estado Mexicano.
Hay que tener claridad en la trascendencia que tenemos en este desafío. El desarrollo económico, político y social de una nación depende de la capacidad del Estado y de la sociedad de generar, por una parte, incentivos y condiciones de certeza para el cumplimiento de los acuerdos y en las relaciones entre las personas, en pleno uso de sus garantías. Y por otra parte como reverso, consecuencias para aquellos que violenten los derechos de los demás o incumplan sus obligaciones.
Vale la pena tener en cuenta las conclusiones de estudios como el influyente libro Por qué fracasan los países, de los profesores del MIT y Harvard, Acemoglu y Robinson: "fracasan las naciones cuando tienen instituciones económicas extractivas, basadas en instituciones políticas extractivas que impiden o incluso bloquean el crecimiento económico".
La agenda del sector empresarial en materia de Estado de derecho es amplia y prioritaria, y estamos unidos y comprometidos a acompañar a nuestro país en este largo camino que debemos recorrer juntos.
Con esa consigna, la semana pasada iniciamos los trabajos de las mesas conjuntas que acordamos implementar, para fines de diseño de políticas públicas, con la Secretaría de la Función Pública. Participan todos los organismos que integran al Consejo Coordinador Empresarial, así como la Cofemer, Transparencia Mexicana, American Chamber of Commerce México y la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles, entre otras instituciones. Son cuatro mesas: Reformas normativas en materia de contrataciones públicas; Medidas preventivas mutuas de combate a la corrupción; Trámites sensibles y de regulación; y Mecanismos de denuncia empresarial y seguimiento de casos hasta su resolución.
Paralelamente, con el soporte del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y de la International Chamber of Commerce México, hemos iniciado un amplio programa de promoción, capacitación y certificación de empresas en combate a la corrupción y para el cumplimiento de obligaciones dentro del marco de las leyes aplicables.
Es un esfuerzo que complementa el de la adopción del Código de Integridad y Ética Empresarial, con validez internacional y basado en reglas y métodos de autorregulación, con normas y estándares internacionales.
Hay mucho por hacer en adelante. En lo que atañe sólo a la corrupción, destaca la necesidad de diseñar e implementar un programa público tendiente a promocionar la importancia de la cultura de la legalidad; trabajar en los programas de Servicio Civil de Carrera, para lograr una selección verdaderamente meritocrática de todos los servidores públicos; y revisar los distintos fueros que existen.
En general, el desarrollo de las instituciones del Estado de Derecho democrático en México debe avanzar por seis cauces muy precisos:
Uno. Procesos políticos que mantengan la cohesión social: democracia efectiva, como medio de representación y rendición de cuentas puntuales, y generación de acuerdos dentro de la pluralidad y la diversidad.
Dos. Seguridad pública: garantizar la integridad física y patrimonial de las personas físicas y morales.
Tres. Legalidad: reglas claras y perdurables; justicia al alcance de todos, con equidad, inclusión y eficiencia.
Cuatro. Asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos: los derechos humanos de todos, sin excepciones.
Cinco. Provisión de insumos fundamentales para el progreso y la equidad: servicios de salud, previsión social y educación de calidad para todos.
Seis. Equilibrio eficiente de necesidades colectivas e individuales: democracia y economía de mercado con responsabilidad social.
Nuestro llamado a todos los mexicanos es a avanzar, juntos, sobre estos ejes, que deben unirnos por encima de las diferencias que podamos tener. La lucha por el Estado de Derecho no es de izquierda o de derecha. Es un reto de todos los mexicanos, y cada quien tiene un rol que jugar y un compromiso con México.
