Juan Pablo Castañón Castañón

Entendemos la complejidad derivada de la transgresión de la paz y el orden público por parte de la CNTE. Pero aunque la conciliación es indispensable, es claro que no habrá una solución contundente, perdurable y justa si se acompaña de la infracción de la ley y si se tolera que se violenten los derechos de terceros.

Por esa vía sólo se postergan y heredan los problemas, para que luego resurjan, con mayor virulencia. Esa ha sido la historia, año con año.

Desde que se recrudeció el conflicto, hace ya casi tres meses, hemos visto episodios en los que se levantan bloqueos a vías comunicación y espacios públicos. Pero sólo han sido temporales y no generalizados, como treguas intermitentes. Si se cede o se dan concesiones ante acciones de extorsión, no hay garantía de que la CNTE u otros grupos no vuelvan a provocar el caos en un año o mañana mismo.

No podemos acabar este proceso con un arreglo efímero o parcial, y menos a un costo tan alto para la sociedad: pérdidas económicas y de empleos; descomposición institucional y social; posible freno a reformas necesarias y urgentes; mantenimiento de privilegios y prebendas obsoletos a costa de impuestos que son producto del esfuerzo de toda la sociedad.

Para miles de pequeños y medianos empresarios locales la situación es desesperada. Son comerciantes en pequeño, artesanos, propietarios de un pequeño hotel o de un restaurante; establecimientos de los que dependen cientos de miles de empleos y familias.

La inconformidad de la sociedad se está demostrando hoy en Oaxaca, donde 120 hoteles y más de 4000 empresas, en su mayoría micro y pequeñas, realizan un paro de actividades de 24 horas, de manera pacífica, marchando sin obstruir vialidades, y con el apoyo de ciudadanos que se suman saliendo desde sus casas para apoyar esta protesta pacífica en contra del caos. Mientras tanto, el centro de la ciudad capital sigue tomado desde el inicio del conflicto.

Los empresarios estaremos siempre del lado de la ley, de su cumplimiento, del respeto a las instituciones, al Estado y a la gobernabilidad. Es importante dejarlo claro: no existe de parte de nuestro sector un llamado a incumplir con las obligaciones tributarias. Las declaraciones serán un reflejo de la realidad de cada empresa, y quien debido a la situación vivida gane cero, o tenga pérdidas, no tendrá más opción que declarar en pérdidas y cero impuestos. Nuestra vocación es siempre por trabajar, seguir invirtiendo y generando empleos.

No pedimos que se cancele el diálogo; al contrario, éste es indispensable. Sí demandamos que el proceso se sujete a principios y condiciones muy concretas, comenzando por poner alto a las agresiones a la sociedad. Esto ya no puede ser una pieza de negociación.

En el sector empresarial hemos diseñado un mecanismo que nos permita monitorear de manera integral y oportuna las afectaciones, en sus distintas variantes –lo mismo bloqueos que vandalismo– para una oportuna solicitud de protección y apoyo de las autoridades, además de contar con una radiografía precisa de la evolución del conflicto.

El Gobierno Federal cuenta con la legítima representación de la sociedad para sostener y llevar a buen puerto la interlocución con la CNTE, dentro de los márgenes establecidos por la ley y sus atribuciones específicas. De igual forma, el Estado tiene la facultad constitucional del uso del monopolio de la fuerza para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y su seguridad física y patrimonial, por supuesto, con eficacia, profesionalismo y pleno respeto de los derechos humanos.

De hecho, la experiencia de este conflicto debería dar pie a precisiones a nivel legal para salvaguardar los derechos básicos como el de libre tránsito. Es necesaria una regulación adecuada para las marchas y movilizaciones, para que no se afecten otras garantías cívicas de las personas.
En cuanto al diálogo, deben fijarse plazos, porque los problemas que no se resuelven, crecen y se hacen más complejos. Es preciso, además, que queden claros, para todas las partes y de cara a la ciudadanía, los objetivos superiores buscados. Los acuerdos y las soluciones deben ser justas, definitivas y sostenibles. En este sentido, pedimos que haya transparencia en el proceso del diálogo, para que la sociedad conozca lo que se negocia y lo que se conviene.

Se puede y se deben encontrar respuestas adecuadas para mejorar la implementación de la reforma educativa, atendiendo a demandas legítimas como la de considerar las necesidades, las circunstancias y las características regionales. Pero ni la CNTE ni el Gobierno Federal tienen facultades para echar abajo disposiciones constitucionales, modificar leyes o aplicarlas a discreción, en función de una negociación. Menos aún para mantener prebendas dañinas para el erario y el desarrollo educativo.

Pedimos a la CNTE y sus dirigentes que se integren al proceso de Consulta Regional y Nacional para la Revisión del Nuevo Modelo Educativo, y que así demuestren su disposición de trabajar con toda la sociedad por una mejor educación para los mexicanos. Eso haremos desde el sector empresarial, participando en los espacios de discusión con propuestas muy concretas a partir de un análisis profundo del planteamiento de la SEP.

No podemos llegar al próximo 22 de agosto, fecha del regreso a las aulas, sin resolver en lo sustancial el conflicto. Sería inaceptable que millones de niños y jóvenes sigan perdiendo clases y poniendo en jaque su propio futuro.

Confiamos en que, si hay voluntad de poner por delante el bien común, podremos lograr soluciones para el beneficio de todos.