Bernardo Ardavín Migoni

México pareciera estar entrando en una segunda fase de su transición política

Las condiciones del país son radicalmente diferentes a las que prevalecían en 1988, año en que se presentó una gran crisis, a la cual el PRI reaccionó dando comienzo, desde el seno del partido, a la transición de México hacia un nuevo sistema político. Pero, salvando esas importantes diferencias, no dejan de observarse algunas semejanzas, como la pérdida de la unidad en la "familia revolucionaria", cuyas tensiones internas otrora, permitieron la primera alternancia en la historia moderna del país, en el año 2000, con Vicente Fox Quezada como abanderado del PAN y la réplica de esa derrota priista en 2006, con Felipe Calderón Hinojosa.

Las elecciones presidenciales de 2018 se darán en el marco de un segundo ajuste del sistema político

También, como consecuencia de las divisiones internas en el gobierno, se presenta nuevamente, el deterioro de la situación económica por el descuido de la disciplina fiscal, crece la propagación del descontento de grandes porciones del pueblo menos favorecido que siempre lleva la peor parte, aumenta el deterioro del Estado de Derecho propiciando una creciente ingobernabilidad con la inestabilidad consecuente, así como la violencia y la arbitrariedad impune con la que diversos grupos, tanto en el ámbito político como en el de la delincuencia organizada, menosprecian al gobierno y someten a la población.

¿Qué debemos hacer?

No podemos permitir la frustración de la transición mexicana, por una regresión autoritaria que fomente la corrupción impune, la demagogia, el descontento y el desprestigio del gobierno, dando lugar a una creciente ingobernabilidad.

No podemos admitir la peor forma de la corrupción, es decir, la perversión de la política que se olvida del bien común para beneficiar a algunos grupos y personas a despecho de los intereses legítimos de la sociedad, y se convierte en la fuente de muchas otras calamidades.

Necesitamos apuntalar el proceso evolutivo de la transición política de México hacia una mayor equidad y solidaridad social, propiciando una menor desigualdad, mediante una distribución más equitativa del incremento de la riqueza, así como una mejor y más eficaz participación de los ciudadanos en la definición del rumbo del país, garantizando que haya justicia, libertad y paz para todos, en el marco de un Estado de derecho.

Esta acción constituye una obligación ética ineludible.