José Antonio Ortega Sánchez

El grupo criminal CNTE ha conseguido casi todo lo que quería.

Sus líderes que estaban presos han sido liberados y de nuevo pueden disponer de su dinero mal habido. El gobierno ha asegurado impunidad por todos los crímenes a los integrantes de la CNTE y a sus aliados, por haber sumido a Oaxaca, Chiapas y Michoacán en la peor crisis económica en mucho tiempo. Nadie irá preso por el asesinato del reportero gráfico Elpidio Ramos, ejecutado por pistoleros de la CNTE en Juchitán el 19 de junio.

Nadie pagará por las decenas de policías gravemente heridos, por aquel agente que perdió un ojo, ni por quien perdió dedos de una mano al estallarle el cohetón que los criminales le arrojaron, ni por aquel a quienes los criminales de la CNTE rociaron de gasolina y le prendieron fuego, lo cual le provocó graves quemaduras en los testículos.

Ninguno de los autores de los hechos sangrientos del 19 de junio en Nochixtlán, que accionaron sus armas de fuego, que hirieron a policías e incluso hirieron y mataron a sus propios compinches de motín, recibirá el menor reproche. Por el contrario, serán premiados no sólo con la impunidad, sino además con "indemnizaciones" y de hecho el dinero de los contribuyentes ya está llegando a quienes resultaron heridos cuando delinquían o a los familiares de los criminales fallecidos que participaban en el bloqueo de la carretera y en el intento de masacrar a los policías que trataban de hacer cumplir la ley.

Los criminales de la CNTE y sus aliados no indemnizarán a ninguna de sus víctimas, incluidos los deudos de las personas que fallecieron porque no pudieron llegar a tiempo a los hospitales a causa de los bloqueos, las personas enfermas de graves padecimientos que requieren tratamiento especializado y no lo tuvieron, los miles de empleados que perdieron sus empleos, los miles de propietarios que tuvieron que cerrar sus negocios, los miles de productores quienes vieron pudrirse los perecederos que produjeron por no poder llegar a sus destinos, los empresarios de todos tamaños que no sólo no ganaron sino que sufrieron graves pérdidas por el robo y destrucción de sus vehículos, de sus inventarios e instalaciones, ni los miles y miles que por meses y años no encontrarán empleo porque ningún inversionista sensato quiere hacer nuevas inversiones en Oaxaca, Chiapas y Michoacán.

Y las compensaciones que el gobierno quiere otorgar es echar sal a las heridas, porque por un lado no logran resarcir los daños y se hacen con el mismo dinero que a las víctimas les ha sido quitado mediante el cobro de impuestos. Las víctimas pagarán su propia indemnización. Un burla absoluta.

Por supuesto, a ninguno de los criminales de la CNTE que cobran sueldos como si fueran maestros se les descontarán días por no haberse presentado a clases, ni se hará efectivo el despido de los miles de ellos que lo merecían por haberse ausentado más de tres días o haberse negado a ser evaluados, en abierta violación de la ley.

La reforma educativa está prácticamente muerta, sólo resta ver la manera en que el gobierno y los legisladores pactarán la formalización del deceso. Regresarán el tráfico de plazas, el ausentismo crónico, el cobro de varias plazas sin presentarse en ninguno de los planteles en los que están adscritas y el pago de los sueldos de los líderes sindicales no se hará con el dinero voluntariamente entregado por sus representados, sino con el dinero de los contribuyentes, obtenido por la fuerza.

Y pese a todo esto, los criminales de la CNTE siguen delinquiendo y agrediendo a la sociedad e incluso amenazan con radicalizar sus crímenes. Confían en que si aprietan más obtendrán prebendas adicionales: que la sección 22 del SNTE recupere el control del aparato burocrático de la educación pública y sobre todo sobre su presupuesto; que lo mismo se extienda a Chiapas, Michoacán y Guerrero; que, por qué no, se decrete un aumento salarial adicional a todos los de la CNTE como premio a su criminalidad, y que los militantes del EPR detenidos en Oaxaca por haber secuestrado niños, sean liberados... e indemnizados.

El daño no sólo será para los niños que asisten a escuelas públicas de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, sino para todo el país. Antes de intentarse la reforma, la educación ya tenía un nivel deplorable en la nación entera y no sólo en esos estados, pero como fuera en las demás entidades federativas quienes cobraban sueldos como maestros hacían como que lo eran. Ahora ¿para qué van siquiera a simular que dan clases, si no hay consecuencias por faltar y es posible vivir sin trabajar?

El perjuicio a la educación básica pública en el país habría sido menor si no se hubiera intentado reforma alguna, en lugar de intentarla para luego acobardarse al primer tropiezo.

Pero el daño causado al país por el gobierno al claudicar ante los criminales de la CNTE es mucho más grave, duradero y definitivo. La claudicación ha abierto la puerta a mil conflictos como el actual, porque los actores sociales que participarán en ellos ya saben cuál es la clave para apoderarse de las rentas generadas por los otros, sin tener que ser sicarios del narco: bloquear carreteras, quemar policías, asesinar a sus propios compañeros de fechorías mientras se culpa a la policía y en suma tomar como rehén a la sociedad para que los gobernantes les den o aumenten su participación en el botín.

El gobierno, por supuesto, abriga la vana ilusión de que si claudica ante la CNTE todo volverá a la normalidad y todo seguirá como hace tres meses, como si nada hubiera pasado. Pero por supuesto eso no sucederá.

Creer que se pueden dejar impunes los múltiples y graves crímenes de la CNTE, pero no tolerar los delitos de los demás delincuentes, es una ilusión extraordinariamente tonta. ¿Con qué autoridad se puede castigar los crímenes de unos y no los de otros?

El gobierno ha abierto la Caja de Pandora.