Juan Pablo Castañón Castañón

La enorme polémica que generó el intempestivo viaje a México de Donald Trump, así como el comportamiento posterior de este candidato a la Presidencia de Estados Unidos, hicieron que no se pusiera toda la atención que merece la presentación del Informe de Gobierno y la comunicación del presidente de la República al respecto.

Antes de entrar de lleno en este asunto de la mayor relevancia para nuestro país, sobre la visita de Trump es importante señalar que, tras la efervescencia en la opinión pública y la confusión inicial, va quedando clara la parte positiva para México de esta historia.

Este suceso fue una oportunidad para que se escuche y quede constancia, en ambos países, de la postura de México frente a los ataques y amenazas de campaña. Esto ha sido lo más importante para nosotros: fijar la determinación de poner por delante los intereses de la Nación y la protección a los derechos de nuestros connacionales, al mismo tiempo que se muestra la disposición diplomática de tender puentes, aun frente a quien quiere construir muros. En este reto, tenemos que ir unidos.

Desde el sector empresarial ha quedado claro que la única forma de modernizar el Tratado de Libre Comercio es firmar por ambos países, y con el resto de los países, el Acuerdo Transpacífico. Ahí es la verdadera modernización que nos brinda las herramientas para ser competitivos a nivel global, desde nuestra región.

Es loable el esfuerzo para renovar los formatos del Informe de Gobierno, que desde hace muchos años se había convertido en un ritual anquilosado y de poca proyección. Efectivamente, se requieren procesos democráticos más interactivos, en línea con los retos y posibilidades actuales de la representación política. No obstante, ahora tenemos que concentrarnos en el Informe de Gobierno en sí y en las indicaciones del rumbo a seguir.

Toca al Congreso y a la ciudadanía revisar a detalle el Informe y cada rubro en lo particular. El sector empresarial ha iniciado este trabajo. Sin embargo, es importante que se hagan las observaciones de carácter general que proceden, en función del mensaje emitido por el presidente y de su diálogo con la sociedad.

Esta vez no vimos anuncios importantes sobre cambios o decisiones, pero sobre todo, se extrañó un posicionamiento político más claro, componente central de todo Informe: una síntesis de la visión del Ejecutivo Federal sobre el Estado de la nación y del rumbo que plantea seguir: la línea de gobierno para los próximos dos años.

Estamos seguros de que el presidente aprovechará subsecuentes oportunidades para abundar y clarificar su mensaje a los mexicanos. Por lo pronto, perfiló cinco ejes para el tramo final del sexenio: educación, lucha contra la pobreza, seguridad, combate a la corrupción y respaldo a la economía familiar.

Estamos de acuerdo con la pertinencia de cada una de éstas áreas, y dispuestos a coadyuvar en su desarrollo con propuestas y trabajo conjunto. Al mismo tiempo, consideramos que un eje transversal que debe precisarse como prioridad máxima es asegurar la estabilidad nacional, de cara a la transición sexenal y para la continuidad del proyecto de modernización económica y democratización que hemos venido construyendo los mexicanos, potencializado con las reformas que se han hecho en este sexenio.

Es preciso apuntalar la estabilidad en términos económicos, políticos y sociales.

En materia económica, es necesario hacer los ajustes que proceden para que México recupere con celeridad los equilibrios fundamentales para garantizar la estabilidad macroeconómica: disminuir y racionalizar el gasto público, para garantizar un superávit primario que permita parar el crecimiento de la deuda.

El Paquete Económico que se presenta esta semana es clave para generar confianza, la cual deberá ser refrendada luego en los hechos, con el cumplimiento efectivo de lo presupuestado. Sin confianza, difícilmente habrá estabilidad y tampoco más crecimiento.

En materia política, es preciso que haya responsabilidad de todos los actores y fuerzas políticas. A México no le conviene ni quiere un clima de crispación y polarización como los que se han vivido en otras transiciones presidenciales. Tampoco podemos darnos el lujo de malgastar la fase final del sexenio en concentrarnos en el cálculo electoral y la competencia adelantada.

Dos años es mucho tiempo y existen enormes desafíos más importantes para los mexicanos que las aspiraciones de poder personales y de grupos. El llamado es a la responsabilidad, a privilegiar el bien común y a las instituciones.

En cuanto a la estabilidad social, además de que depende de que la logremos en términos económicos y políticos, hoy la prioridad máxima para México es el Estado de derecho, concebido de manera integral: seguridad física y patrimonial, paz y orden públicos, lucha a fondo contra la corrupción, aplicación puntual y no discrecional de la ley para abatir la impunidad, brindar certeza jurídica y proteger los derechos de todos.

La sustentabilidad económica, política y social, y el compromiso con el Estado de Derecho, son clave para dar continuidad y proyección a las reformas estructurales que se han aprobado en este sexenio. Son fundamentales para que estos dos años sean productivos en los grandes pendientes en términos de dar un mayor impulso económico al país y un avance sustantivo en seguridad. Estamos a tiempo de hacer correcciones y fortalecer lo que sea necesario para ello, pero hay un requisito claro: poner por delante el interés nacional, el interés de todos.