Luis Pazos

El senador panista Jorge Luis Preciado propuso reformar el Artículo 10º de la Constitución, que permite la posesión de armas en el domicilio, para considerar al negocio y al auto una extensión del domicilio, con el objetivo de que los ciudadanos pacíficos se puedan defender ante la creciente incapacidad de las policías para garantizar su seguridad.

Portar armas en el auto no es una vía eficaz para incrementar la seguridad de los ciudadanos. No garantiza en mayor grado nuestra integridad física, y sí un probable enfrentamiento con maleantes que saben usar las armas mejor y no se tocan el corazón para dispararnos si no les damos el reloj, la cartera o la bolsa.

Pero es farisaica la respuesta de varios comunicadores y políticos que se rasgaron las vestiduras por la reforma propuesta por un legislador ante la creciente inseguridad que priva en el país.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI arroja un incremento en la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Un 72% se sienten inseguros. En Ecatepec, Estado de México, el 95%; en las delegaciones de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco de la CDMX, el 94%. Esos altísimos porcentajes reflejan la incompetencia de los gobernantes de esos lugares para preservar la seguridad de sus habitantes, que es su función primordial.

Las policías municipales son en las que menos confía la población: sólo el 41.7%. En los que más confianza tiene la ciudadanía son la Marina (82%) y en el Ejército (79.5%).

Las funciones primordiales de un gobierno son las de proteger los derechos humanos básicos: vida, propiedad y libertad, y cada día, perciben los mexicanos, los garantizan menos.

No es la solución que cada quien se "auto defienda", situación que llevó al tremendo error (100 veces más grave que pedir que los ciudadanos pacíficos porten armas en su auto) de permitir la existencia de los llamados "autodefensas", que en su mayoría eran grupos ligados al crimen organizado.

La función del Estado es desarmar y detener a delincuentes que pongan en peligro los derechos humanos fundamentales, y no dejar en la indefensión a ciudadanos pacíficos, que pagan las policías con sus impuestos, y muchos de los cuales buscan armarse para suplir la creciente ineficiencia del Estado en protegerlos.