José Luis Luege Tamargo
En el proyecto de Nueva Constitución que presenta Miguel Ángel Mancera y que ahora debe analizar y discutir la Asamblea Constituyente, existe un desequilibrio evidente entre los derechos y los deberes de los ciudadanos.
Comentaba la semana pasada en este espacio que la Carta de Derechos del Proyecto abarca más de 30 páginas, mientras que lo correspondiente a deberes no llega ni a media hoja.
La Carta de Derechos llega hasta la saciedad, al extremo de pretender poner todo lo habido y por haber en cuestión de derechos, como si la consigna fuera aprobar todas las ocurrencias del grupo de notables, de los asesores y de los redactores. Pero, ¿dónde quedan todos los deberes y obligaciones que acompañan a estos derechos?
Es un grave error poner en una Constitución todo lo que pudiera pensarse que garantiza una vida plena de satisfacción y felicidad de las personas. ¿De qué sirve una norma que obligue al gobierno a complacer en todo a los ciudadanos, cuando ni siquiera puede garantizar las necesidades más elementales de la población y no establece con claridad las obligaciones? De aprobarse esta redacción, provocaría una enorme frustración social y además, la confirmación de que en México las normas se hacen para no cumplirse.
El actual gobierno no garantiza prácticamente nada de lo que expresa su proyecto: no tenemos un ambiente sano, ni aire limpio; no hay agua suficiente en calidad ni en cantidad, no cumple con una norma elemental que es el tratamiento y reúso de las aguas negras; el manejo de la basura es una vergüenza, no hay reciclaje; el tránsito está desquiciado, el transporte público abandonado, el Metro sin mantenimiento ni crecimiento; el ambulantaje adueñado de calles y banquetas; los automovilistas extorsionados por la corrupción en verificentros; robos con violencia todo el tiempo y a plena luz del día; mafias apoderadas de los servicios; la planeación urbana está hecha un desastre; pérdida de áreas ecológicas y bosques, etc.
La Carta de Derechos en el proyecto de Constitución parece una burla a los capitalinos porque pretende un mundo feliz frente al calvario cotidiano de millones de personas que sufrimos la falta de atención en los servicios más elementales. Además de ser exageradamente extensa e ir al extremo de pretender garantizar lo imposible, es omisa en aspectos fundamentales que competen a una mayoría de la población y que ni siquiera se mencionan.
No se tratan los derechos fundamentales de las familias; el derecho de los padres a la educación de sus hijos; no se menciona el derecho a la libertad religiosa, ni el derecho a la objeción de conciencia; o los derechos de las asociaciones religiosas, que hoy no son respetados, por poner algunos ejemplos.
La Carta de Derechos del proyecto de Mancera debe tener cambios de fondo, compactarlo en un número mucho menor de artículos, pero que a su vez, se reconozcan los derechos fundamentales de las personas que vivimos en sociedad.
Durante el mes de octubre, cualquier ciudadano o asociación puede presentar iniciativas para que sean analizadas por la Asamblea Constituyente; sin embargo, la Comisión de Carta de Derechos, ha reducido a solo dos días las audiencias para las iniciativas sobre la Carta de Derechos: el 27 y 28 de octubre y en un horario muy limitado.
Quienes quieran presentar iniciativas y participar en las audiencias, sólo pueden registrarse hasta el 26 de este mismo mes, esto limita la participación ciudadana y las modificaciones al Proyecto.
La Carta de Derechos podría estar mucho más completa pero a la vez mucho más compacta; que realmente sirviera de base en la discusión de leyes secundarias. Lo más importante en una Carta de Derechos no es la extensión en número de artículos o páginas escritas sino más bien, que el texto reconozca y garantice el derecho de todos los capitalinos a una vida mejor y más digna.
