José Luis Luege Tamargo

Aunque parezca increíble, la Cámara de Diputados en la discusión y aprobación del presupuesto federal para 2017 (PEF 2017) volvió a incluir un fondo de casi 9 mil millones de pesos para que cada uno de los 500 diputados federales lo asigne, de forma absolutamente discrecional, a obras en municipios y comunidades correspondientes a sus distritos y a sus estados.

A esta partida se le bautizó como "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal" (Fortalece), pero sigue con el mismo vicio de años anteriores donde los diputados pueden determinar a su antojo el destino de los recursos.

Todos hemos repudiado las acciones fraudulentas de diputados de distintos partidos políticos, que en varios casos fueron denunciados por exigir un porcentaje de los recursos asignados en determinadas obras, el tristemente reconocido "moche".

En los últimos años, alcaldes de diferentes municipios han afirmado que fueron obligados a pagar un tanto para adjudicar los recursos a obras, o bien, a que los trabajos fuesen realizados por empresas designadas por los propios legisladores.

¿Cómo es posible que después de estos hechos lamentables que han causado un verdadero escándalo, generando una pésima imagen de los legisladores y del país, la Cámara de Diputados vuelva a insistir en esta práctica?
Nadie mejor que los legisladores saben que esta acción es inconstitucional porque el Presupuesto de Egresos es una "ley programática" y no puede dar espacio a un uso discrecional o arbitrario de los recursos públicos. Es ilegal porque viola la propia Ley del Presupuesto, en donde cada partida tiene un destino específico y debe ser ejecutado por las unidades de gobierno correspondientes.

Hace un año, en este mismo espacio, denunciábamos que aunque se ha señalado a legisladores de distintos partidos políticos, hay una responsabilidad directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al promover en el presupuesto la asignación de montos "discrecionales" otorgados a los principales grupos parlamentarios. En el argot de los funcionarios de la SHCP, le llamaban a estas partidas "comandas" y las clasificaban de acuerdo al color de los emblemas partidistas, de tal forma que había comanda azul, roja, amarilla y verde. Ahora pomposamente se les denomina "Fortalece", pero se trata exactamente de la misma situación ya denunciada que propicia corrupción.

Cuando los grupos parlamentarios aceptan esta propuesta por parte de la SHCP, en cierta forma se condicionan a la aprobación del presupuesto; es decir, se trata realmente de una especie de "presión" para que la Cámara de Diputados apruebe más directa y rápidamente el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo Federal.

Los diputados tienen todo el derecho en impulsar determinados proyectos de interés en sus distritos y localidades, pero deben discutir en las Comisiones respectivas para que sus demandas, que son las de la ciudadanía, queden resueltas en la medida de lo posible en el PEF.

Sin embargo, no puede aceptarse el uso discrecional de recursos por parte de los diputados. Una vez aprobado el presupuesto, la obligación del Congreso es vigilar y dar seguimiento al puntual cumplimiento en el ejercicio del mismo.

En este momento de crisis que vive el país debido, principalmente, a la corrupción e impunidad imperantes, y después de constatar los gravísimos casos vinculados a varios gobiernos estatales salientes y en medio de una reforma para crear el sistema anticorrupción en nuestro país, resulta incongruente la aprobación otra vez de partidas que han promovido precisamente actos de corrupción.

Es fundamental que los diputados pongan el ejemplo de una conducta apegada estrictamente a la Constitución y a las leyes, no permitiendo que programas opacos como Fortalece sean incluidos en el PEF. La obligación de los diputados es la aprobación del presupuesto y una vez aprobado, vigilar su correcta ejecución y exigir rendición de cuentas en todas las acciones de gobierno; pero el ejercicio del gasto es facultad del ejecutivo, no de los legisladores.

Por todas estas razones, la Cámara de Diputados y el Gobierno Federal deben cancelar dicha partida ilegal que propicia actos de corrupción. Los grupos parlamentarios están obligados a que haya total transparencia en la aprobación del presupuesto y a no permitir discrecionalidad en el ejercicio del gasto.