José Antonio Ortega Sánchez
Ante la balacera que cobró la vida de cinco personas (aunque la cuenta ya pudo haber subido a seis) en un club de Playa del Carmen, en la madrugada del 16 de enero, la presidenta municipal de Solidaridad anunció la clausura del antro y la cancelación de todo festival de música electrónica en ese destino turístico.
Las consecuencias de esta matanza, pero sobre todo de las decisiones de la presidenta municipal, María Cristina Torres Gómez, podrían ser catastróficas. Playa del Carmen vive en gran medida del turismo nacional y extranjero atraído por los clubes de música electrónica y de festivales como el BPM, que después de 10 años sin presentar el menor problema en su más reciente edición concluyó de manera tan trágica.
Miles y miles de personas se ganan la vida honradamente en Playa del Carmen gracias a estos festivales y los clubes de este género de música. Al quedar prohibidos se perderán miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, clubes, bares y otros establecimientos.
La clase política mató a la gallina de los huevos de oro del petróleo. Sólo nos queda la industria orientada a la exportación y al turismo. ¿Se trata ahora de matar al turismo?
La criminal negligencia de la alcaldesa
La decisión de Torres Gómez es una vileza por dos razones: porque criminaliza a las víctimas y porque trata de tender una cortina de humo para ocultar su propia responsabilidad, su negligencia criminal.
Torres Gómez criminaliza a las víctimas porque ni los dueños ni el personal del club, ni los organizadores del festival, ni los miles de asistentes provocaron los hechos, sino que fueron agredidos y encima se les castiga por ello con clausuras, prohibiciones y satanización.
Según ella la responsabilidad de la seguridad en la vía pública es responsabilidad del gobierno y dentro de los establecimientos es de sus dueños. Como la balacera supuestamente ocurrió dentro, el gobierno se lava las manos y castiga a los dueños.
Pero la presidenta municipal miente con todo descaro. Según el relato de la Fiscalía General de Quintana Roo, el agresor inició su ataque desde la calle y en ésta no había ningún policía para impedirlo, lo cual es un acto de negligencia atroz, porque es una norma destinar policías en donde quiera que haya concentraciones masivas, para disuadir a los criminales y en su caso repeler una eventual agresión.
Personas dignas de todo crédito que acudieron a Playa del Carmen por esos días y visitaron clubes como el Blue Parrot, donde tuvo lugar la balacera, me indicaron que notaron la presencia de algunos policías municipales que portaban sub-ametralladoras en algunas calles, pero no precisamente afuera de esos lugares, lo que resulta inaudito.
Para ocultar esta negligencia criminal María Cristina Torres Gómez es que culpabiliza a las víctimas.
Otros destinos turísticos en el mundo han sido golpeados por la violencia, pero las respectivas autoridades públicas en lugar de reaccionar terminando de degollar la gallina de los huevos de oro, tratan de salvarla, reforzar la seguridad e ir borrando la mala imagen internacional. Tal fue el caso de Bali, que sufrió un brutal atentado contra una discoteca en 2002, pero que para 2005 ya había recuperado el flujo turístico internacional.
Los habitantes destinos turísticos como los de Bali, Luxor o El Cairo, golpeados por la violencia, contaron con autoridades públicas con sentido mínimamente constructivo. Pero en México no las tenemos, por desgracia tenemos a María Cristina Torres Gómez. Pero su conducta no sorprende, ella es un ejemplar representativo de nuestra clase política, de la especie de depredadores que han arruinado al país y para quienes dejar sin sustento a miles de personas no significa nada, porque estos depredadores no saben lo que es ganarse el pan de cada día mediante el trabajo.
Torres Gómez ganó la presidencia municipal como candidata de una alianza PAN-PRD, a pesar de que toda su vida fue priista y lucró con ello en grande. Según el periodista Carlos Cantón Zetina, a esta trepadora en 2005 se le abrió una averiguación previa (3175/2005) por los delitos de falsificación de documentos, abuso de funciones públicas, tráfico de influencias, cuando ella era la titular de Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), acusada por propietarios de terrenos de haber sido defraudados y despojados. Asimismo hay muchas suspicacias sobre la forma turbia en que Torres Gómez obtuvo una notaría pública. Por si fuera poco ella fungió como brazo derecho del ex alcalde Filiberto Martínez Méndez (2011-2013), pillo que llevó la deuda del municipio de 100 millones a casi 800.
¿Podría ser la prohibición de más festivales de música electrónica en Playa del Carmen un intento de Torres Gómez de extorsionar a los empresarios del ramo, de ejercer una presión a cambio de pagos millonarios para no destruir sus negocios? No puede descartarse esa posibilidad.
Playa del Carmen, paraíso de la extorsión
Pero las responsabilidades públicas por la matanza en Playa del Carmen no se reducen a un personaje tan nefasto como Torres Gómez. Hay graves responsabilidades del gobierno estatal, que encabeza Carlos Joaquín González y del gobierno federal. En la misma negligencia de no destinar policías municipales en las entradas de los antros, pese a las concentraciones masivas, en que incurrió la alcaldesa, incurrieron el gobierno estatal y el federal.
Además la investigación que realiza la fiscalía general del estado es, para decir lo menos, muy dudosa. En dos días Miguel Ángel Pech Cen ha manifestado hasta tres versiones distintas de los hechos, pero cuyo común denominador es tratar de reducir el móvil de la masacre a un simple pleito entre dos sujetos y excluir la posible implicación del narcotráfico.
Los mismos testigos plenamente confiables que señalaron la falta de vigilancia policiaca afuera de los antros relacionados con el festival BPM, indican que en dos días en que fueron la semana pasada al Blue Parrot había venta abierta de drogas en el interior. A la entrada de los baños había hasta 10 sujetos vendiendo "tachas", "éxtasis" y cocaína. Pero esto no es nuevo, pues cuando menos desde hace 2 años ha venido ocurriendo en forma cotidiana.
Imposible que no supieran de esta situación la nefasta alcaldesa, el gobierno de Carlos Joaquín González y el gobierno federal, por lo que se antoja todavía más criminal su negligencia de no disponer de fuerza policial en las entradas de los antros.
¿Por qué los dueños de clubes permiten la venta de drogas en sus establecimientos? Porque no tienen de otra. Los narcos los amenazan: o la permiten o los asesinan o prenden fuego a sus locales. Pero encima de esto los propietarios de cientos de establecimientos deben pagar "derecho de piso" a los grupos criminales, que es la causa principal de los precios excesivos que las entradas o las bebidas alcohólicas pueden alcanzar.
Contra esta situación de extorsión permanente que viene de por lo menos de 10 años a la fecha, nada han hecho los gobiernos municipal, estala y federal.
Por eso los terribles hechos de la madrugada del 16 de enero de 2017 son sólo un trasunto de lo que ocurre en gran parte del país. Playa del Carmen es un microcosmos de México.
