Óscar Fidencio Ibáñez

Esta semana se cumple un año de la visita del Papa Francisco a México, en la que vino como un hijo a visitar a la Virgen de Guadalupe y a reflexionar sobre el papel de su aparición en la historia, la identidad y la evangelización en las tierras del Continente Americano. Fue una peregrinación motivada por la misericordia, con gestos de denuncia, perdón y ternura que el Papa compartió con los mexicanos y que hoy conviene retomar para orientar el testimonio de los laicos.

El Papa llamó a los obispos mexicanos a colaborar más activamente con los obispos estadounidenses para atender el problema de la migración, y hoy la jerarquía eclesial en Estados Unidos y México ha actuado en consecuencia, con una mayor interacción pastoral y denuncias claras frente a la política antiinmigrante de Estados Unidos y la débil postura del gobierno mexicano frente a la inmigración de centroamericanos y la deportación de compatriotas.

Como respuesta a la elección de Donald Trump, los obispos de Estados Unidos nombraron como su vicepresidente al inmigrante mexicano, naturalizado estadounidense, y arzobispo, José Gómez, de Los Ángeles, California, quien inmediatamente mostró su desacuerdo con la política del presidente Trump. Posteriormente, los obispos católicos mostraron abiertamente su oposición a las medidas antiinmigrantes dictadas por el presidente, llamando a los cristianos a acoger y apoyar a todos los refugiados sin distinción de credo religioso.

Por otra parte, los pastores mexicanos se manifestaron a favor de la protección de la economía familiar, frente a las medidas de aumento a los combustibles decretadas por el gobierno mexicano y que provocaron protestas en diferentes partes del país, aportando incluso algunas propuestas en lugar del aumento de precios, como disminuir los impuestos y combatir la corrupción, además de fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia energética.

Hasta aquí es claro que la jerarquía eclesial ha cumplido con su papel de denunciar las malas políticas de los gobiernos, y llamar a los laicos para que a través de su testimonio y compromiso busquen la manera de ayudar a los refugiados, a los migrantes y a quienes más sufren las consecuencias de los aumentos de precios. Sin embargo, son los laicos quienes, a través de su participación y trabajo tanto en la economía como en la política, deben buscar las mejores respuestas desde la perspectiva cristiana que implica el respeto a la dignidad humana y la solidaridad con los más necesitados.

El año pasado miles de católicos y cristianos mexicanos hicieron una manifestación pacífica e histórica en las calles de todo el país a favor de la familia y el matrimonio, lo que llevó a los legisladores a desechar una iniciativa del presidente. También a principios de este año, muchos ciudadanos se manifestaron en contra de los aumentos de combustibles y han logrado que se pospongan nuevos aumentos.

La necesidad de que la política tenga criterios claros para distinguir entre el bien y el mal, para entender la diferencia entre lo que ayuda al bien común y lo que sólo persigue bienes particulares de políticos y partidos, nos remite a la reflexión que hizo el Papa Francisco frente a los políticos en su llegada a México hace un año: "Cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e, incluso, el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo".

La falta de compromiso de los políticos con las necesidades de la gente ha llevado a una crisis de liderazgo, tanto en México como en Estados Unidos, donde los cristianos se ven en la disyuntiva de elegir entre opciones contradictorias, sin tener alternativas de políticos humanistas que defiendan y fortalezcan a la familia, y al mismo tiempo promuevan la solidaridad con los más necesitados. Hoy es tiempo de que los laicos den testimonio de cercanía, participación y transparencia en todas sus actividades, para reconectar la política con el beneficio de la población.