Los padres de familia tienen, así lo dice el sentido común, la obligación de educar a sus hijos. La ley establece que la autoridad debe tomar en cuenta a los padres para la elaboración de los planes y programas de estudio, y del mismo modo se han establecido los Consejos de Participación en la Educación.

Pero, ¿en alguna parte se consagra el derecho de los padres a educar a sus hijos?, me parece que no; por el contrario, se subordina a los padres de familia a la estructura burocrática de la escuela pública, de manera que el director tiene mayores prerrogativas en la educación de los infantes que los propios progenitores. ¿Qué es más importante, el derecho de los padres a educar a sus hijos o la obligación del estado de proporcionar dicha educación de manera gratuita?. Es un tema que sin duda requiere de la discusión, el análisis y la legislación pertinentes. Es verdad que los papás no tienen el conocimiento pedagógico para establecer por sí mismos planes de estudio, pero ¿quién conoce mejor a los niños que aquellos que les dieron la vida? En estos momentos en que se está discutiendo la reforma educativa y que se tiene que aterrizar en las leyes reglamentarias federal y estatales correspondientes, pareciera un buen momento para iniciar esta reflexión, que no tiene soluciones simples, pero que sin duda pueden significar el cambio verdadero que requerimos para impulsar una educación de calidad.