Cuando en 1988 Manuel Clouthier señalaba al gobierno de utilizar recursos del gobierno para apoyar al candidato oficial, simplemente señaló lo que en aquella época era costumbre: el uso del aparato gubernamental como equipo de campaña del candidato oficial (algo que muy bien entienden hoy en Venezuela, pero no tanto las generaciones jóvenes en México). Desde entonces se ha avanzado mucho en materia democrática en nuestra patria, no han desaparecido los vicios del todo, particularmente a nivel de los gobiernos estatales y municipales que están mucho menos fiscalizados. Cuando hoy se acusa al gobierno federal de usar recursos para apoyar a un candidato, normalmente lo que se quiere decir es que el programa se está llevando a cabo de manera correcta y beneficiando a la gente que lo necesita, y que en agradecimiento esa gente votará por el candidato que asegura continuar con el programa en cuestión o que es respaldado por aquel que encabeza la generación del beneficio. A menos que estos apoyos se den a cambio de condicionar el voto (para lo que necesariamente habría que recoger la credencial de elector, lo cal está tipificado como delito electoral) la realidad es que no hay delito que perseguir, los partidos de oposición (sean los que sean) acu-sarán al gobierno en turno de uso de programas con fines electorales. En el fondo, lo que permanece es una cultura del chantaje y la desconfianza, mientras los mexicanos no aprendamos a superarlos, tendremos procesos electorales caros por sobre regulación.