A nuestro juicio, una premisa importante para continuar los cambios es comprender y aceptar la necesidad de lograr una armonía creciente, entre la sociedad organizada y el gobierno, para la consecución del bien general de la nación. No es fácil alcanzar esa coordinación pero es indispensable, porque no basta la actividad del gobierno por bien orientada y eficaz que sea, y mucho menos es suficiente la condición de tener, en el mejor de los casos, un buen líder en la Presidencia de la República.
Tampoco es la solución la sociedad civil teóricamente autárquica, que en ocasiones se pondera demasiado en el marco de un idealismo utópico, considerando al Estado como un mal necesario, por lo que se propende a soportar sólo tanto gobierno como sea indispensable y a desarrollar tanta sociedad, se dice, como sea necesaria.
El Estado es la forma más elevada y completa de la sociedad humana en su dimensión política, para facilitar la realización plena de todas las personas y sus familias en su seno, mediante la consecución del bien común o bien general: El Estado necesita un gobierno sólido, institucional, regido por la ley, y una sociedad fuerte, organizada, corresponsable y participativa.
La sociedad mexicana tiene todavía pocas organizaciones intermedias con actuación cívico-política. Durante gran parte de nuestra historia independiente hemos tenido regímenes autoritarios y caudillistas con simulaciones democráticas, situación que ha mantenido a la sociedad como menor de edad, invertebrada, desarticulada, dedicada exclusivamente a las tareas económicas y sociales al margen de las responsabilidades políticas, con la excepción de aquellos pocos que han formado parte de los grupos afines al régimen de carácter revolucionario.
Desde el nacimiento del sistema político mexicano para institucionalizar la revolución, la organización política de la sociedad ha sido corporativista, estructurada alrededor de un partido casi único, supuestamente reflejo de la nación. La sociedad fue concebida de arriba hacia abajo, en estamentos: los campesinos, los trabajadores, las actividades liberales o clases medias y los empresarios, mediante organizaciones generadas por el gobierno para su administración y control. Esta situación histórica es una de las principales causas de una pobre participación cívica, de carácter auténtico.
A pesar de esos lastres, en los últimos cuatro decenios la sociedad ha vitalizado algunas de las pocas estructuras sociales independientes que ya existían, -dentro de las cuales podríamos mencionar, por ejemplo, a la Unión Nacional de Padres de Familia y al Sindicato Patronal Coparmex, y ha venido multiplicando nuevas y variadas formas de asociación para participar y asumir, de manera creciente, las responsabilidades que le corresponden en una sociedad democrática imposible de concebir sin demócratas, cuya connotación va más allá del cumplimiento de la obligación de ejercer el voto cuando se llevan a cabo los procesos electorales.
No es posible ignorar que algunos sociólogos y politólogos de “izquierda”, estudiosos del fenómeno, afirman que las organizaciones de la llamada sociedad civil nacieron en México a partir de 1968. Y que además, las organizaciones de “derecha” no son auténticos miembros de la sociedad civil porque están al servicio del Estado neoliberal.
Lo cierto es que hay una verdadera explosión de ONG con banderas de “izquierda” que han sabido aprovechar el patrocinio de instituciones y fundaciones nacionales y extranjeras, para promover sus banderas, muchas de ellas ligadas a los “nuevos” derechos humanos. Una asignatura pendiente será la de conciliar ese abigarrado conjunto de asociaciones civiles alrededor del bien general del país.