Después de que el Centro Nacional Electoral de Venezuela declarara triunfador del dudoso proceso para la elección del presidente en la República Bolivariana, el primer indicio de represión fue la respuesta a la solicitud del candidato de la Mesa de Unidad Democrática, Henrique Capriles, sobre una auditoría a las mesas de votaciones, simplemente le dijeron que no. Cunado iniciaron las manifestaciones callejeras, a pesar del llamado del líder opositor a la paz, la violencia empezó a desbordarse; así tomo posesión Nicolás Maduro, en medio del cuestionado proceso electoral y a menos de una semana de realizada la elección… ¡y empezó la purga!. Primero fue la acusación de homicidio en contra del propio Capriles, después vino la negativa de Diosdado Cabello de otorgar el uso de la voz a los diputados opositores en la Asamblea Nacional bajo el pretexto de que no reconocen al señor Maduro como presidente, más aún en la última semana esta prohibición llegó a los golpes en contra de los diputados disidentes. Ahora el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas pone de manifiesto cómo la tensión política que vive Venezuela se ha trasladado de forma soterrada al ámbito laboral, personas que no votaron por Maduro están siendo despedidas de sus trabajos no solo en el servicio público, sino también en las empresas privadas, lo que lleva a pensar que no son una casualidad sino una verdadera política de estado dictatorial. La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática ha corroborado la veracidad de 4.230 denuncias que ha recibido en los últimos días por parte de funcionarios que han sido maltratados, han sufrido acoso o rebajas de sus condiciones laborales e incluso algunos han sido despedidos por el mero hecho de no ser chavistas, el problema para el PSUV es que la gente, a pesar de ello, está actuando, y cuando una sociedad pierde el miedo al dictador, este, irremediablemente, cae.