En repetidas ocasiones, diversos actores de la vida política y social de nuestro país han manifestado su encono contra la Iglesia, Dios y la religiosidad.

Ahora le tocó el turno al senador panista Javier Corral, quien presentó una denuncia ante la Secretaría de Gobernación en contra del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien el pasado 20 de abril se consagró al Sagrado Corazón de Jesús en una ceremonia religiosa, en la que manifestó lo siguiente: “Yo, César Duarte Jáquez, por este medio me consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público a la sociedad: pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude y por intercesión del inmaculado Corazón de María, le entrego a Dios y a su divina voluntad, todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua” y posteriormente añadió “Le pido perdón a Dios por todo lo que ha sucedido en el pasado, le pido que nos ayude a cambiar todo lo que no sea de él. Yo César Duarte declaro mi voluntad delante de Dios, delante de los señores obispos y de mi pueblo, amen”.

Resulta que para el señor Corral, estas declaraciones del gobernador durante una ceremonia religiosa son constitutivas de un delito, porque los gobernantes de nuestro país tiene prohibido asistir a actos de culto público. Tal vez se olvida que recientemente el artículo 24 constitucional fue modificado para, precisamente, garantizar la libertad de culto y de conciencia de cada quien. Malo sería que el gobernador de Chihuahua obligara a todos los chihuahuenses a profesar su misma fe, pero hacer profesión pública de ella es un derecho, ahora consagrado por la carta magna de nuestro país, y mal harían en echarle en cara buscar mejorar las cosas en ese estado, azotado por la violencia, consecuencia de la pérdida de valores, a lo que también hizo referencia el mandatario estatal y sin duda es positivo.