El próximo 7 de julio tenemos un proceso electoral más en el país, y para Sinaloa significa renovar los 18 ayuntamientos y 24 diputaciones de elección directa, además de 16 de representación proporcional. Como en toda competencia, se requiere de un árbitro que vigile a los participantes, que cuide el proceso y que lo avale al final. Para que este árbitro sea útil, debe ser de la confianza, no solo de los que compiten en la contienda, sino también de los espectadores interesados, en este caso, los que mandan: lo electores. Desafortunadamente, como en toda contienda, el árbitro es siempre el que lleva la peor parte y tiene que soportar los reclamos de los jugadores y las mentadas de madre del público, pero si es un árbitro imparcial, concienzudo y responsable, al final del enfrentamiento podrá levantar la mano del vencedor sin que nadie se lo pueda reclamar. Por el contrario, si se ve que hay mano negra, que se tiene favoritismo hacia alguno de los competidores, que se distrae del juego para atender sus asuntos personales o simplemente no pone todo de su parte para que el espectáculo se desarrollo de la mejor manera, al final, levante la mano del jugador del color que sea, su actuación será criticada y su veredicto carecerá de validez. El papel de árbitro, está de más decirlo, corresponde en este caso al Consejo Estatal Electoral y el juez principal es Jacinto Pérez Gerardo, desafortunadamente su actuación ha estado señalada desde el proceso mismo de su nombramiento, y su desempeño ha dejado mucho que desear para la sociedad en general y para los partidos políticos en lo particular, adicionalmente ha tomado decisiones a las que, por decir lo menos, les falta transparencia. Si esta actitud continúa, ningún favor le estará haciendo a los partidos, mucho menos a la sociedad sinaloense. Por el bien del proceso electoral, esperemos un cambio en las formas y el fondo.