La obligación de todo gobierno es mantener la sana convivencia social; para ello cuenta con el auxilio de la ley, los recursos humanos y financieros propios del Estado que llegan mediante las contribuciones de los ciudadanos y, finalmente, con la fuerza pública.

Cuando el gobierno es incapaz de brindar a los ciudadanos esa elemental garantía, empiezan a surgir manifestaciones que superan al gobierno. Así en 1985, tras el terremoto en la Ciudad de México, la sociedad se organizó y empezó a resolver el grave problema de los damnificados, heridos y muertos, en tanto el gobierno no sabía que acciones emprender ante un acontecimiento de esa magnitud. Hoy, el gobierno está siendo superado en materia de seguridad y por ello han surgido movimientos, no justificables pero plenamente entendibles, como son las denominadas autodefensas, o policías comunitarias.

Ayer se registró un hecho en otro ámbito; pero que es reflejo también de esta incompetencia gubernamental; padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica N° 84 de Villa de Etla en el estado de Oaxaca ‘expulsaron’ a los profesores de sus hijos, quienes se encuentran en la Ciudad de México haciendo manifestaciones, y aceptaron que maestros de la sección 59 asuman el compromiso de educar a sus hijos. Ahora que esto ocurrió en una escuela, ¿cuánto tardará en empezar a replicarse el fenómeno? y ¿qué consecuencias traerá para la vida en la comunidad?

Los gobiernos municipales, estatales y el federal deberían estar muy preocupados por estos fenómenos, donde la ciudadanía los empieza a rebasar en la construcción de soluciones.