El tema que ha estado en la agenda de la semana ha sido, sin duda, la educación. Desgraciadamente, al menos por ahora, los maestros inconformes son los que llevan la ventaja al obligar al Congreso, un poder soberano, a desistir sobre la Ley General sobre el Servicio Docente.

Curiosamente en esta misma semana, en otras latitudes, se pudieron observar dos mecanismos utilizados por los gobiernos para acabar con problemas análogos: El primer caso es el de Chile, donde el gobierno hizo una propuesta de incremento salarial para docentes de nuevo ingreso con mucha calidad pero sin experiencia y bajo un mínimo de condiciones, a cambio de lograr el apoyo para una reforma educativa; el otro caso es el de Uruguay, donde ante la toma de instalaciones por parte de trabajadores inconformes de dos hospitales y agotadas otras formas de solución, se aprobó por parte de la legislatura de ese país una modificación legal que permita al gobierno cesar a los trabajadores que por cuatro días consecutivos no se presenten a un trabajo en un servicio con calidad de esencial. De esta manera, y con el uso de la ley, los uruguayos buscan recuperar el control de los hospitales en los próximos días. Son dos países con dos tipos de gobierno muy diferentes, uno de derecha, el otro de izquierda, pero en ambos casos con un compromiso por el respeto a la legalidad.

En México, desgraciadamente, la ley es un recurso olvidado: no se aplica por parte de las autoridades que teniendo las facultades deciden no ejercerlas, no se actualizan, porque “alguien se puede ofender” y no se respetan porque “solo los tontos lo hacen”. Bajo esas circunstancias, difícilmente se podrá lograr el progreso de esta nación.