El deseo por no parecer complaciente con las marchas de apoyo a Joaquín Guzmán en Culiacán, llevó al alcalde, Sergio Torres a tomar la decisión de impedir esta manifestación y con ello frenar en parte el grave desprestigio que esto genera para la sociedad sinaloense, el impulso a la cultura de admiración a los criminales y el flagelo de la impunidad.

La decisión de Sergio Torres merece reconocimiento, pero también es necesario que hagamos un análisis y busquemos, como sociedad, como impedir que estas manifestaciones se sigan realizando, porque por lo pronto, el alcalde tendrá que enfrentar esta decisión ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La libre manifestación está consagrada en la constitución, sin embargo se entiende que esto no puede ser para hacer apología de la delincuencia. Los estados y ayuntamientos tienen el derecho y el deber de reglamentar como se realicen estas manifestaciones, y es ahí donde es importante que se intervenga, porque una cosa es que se impida una manifestación en favor de un delincuente y otra muy distinta que se impida desarrollar un trabajo honesto para quedar bien en favor de una minoría escandalosa, y el problema es que en ambos casos, la manifestación y la prohibición de los circos, el alcalde actuó de manera discrecional, es decir, sin apoyarse en la ley.

Este desparpajo llevó a las agresiones en contra de los trabajadores de Noroeste, donde se pasó de actuar de manera legítima en contra de la marcha a realizar un acto de represión de la libertad de expresión, no porque los reporteros tengan impunidad para actuar, sino porque ellos realizaban su trabajo de información y no estaban participando de la marcha y sus objetivos.

Sin embargo, más grave que la actitud del alcalde, es la del Secretario del Consejo de Seguridad Pública estatal, quien culpó a los reporteros y exoneró a los policías sin siquiera hacer la más mínima investigación de los hechos. Para su infortunio, las redes sociales han difundido imágenes donde se ve disparar a los policías.

No queremos un estado que sea conocido (aún más) por sus implicaciones en el mundo de las drogas, pero tampoco debemos permitir que reine la ilegalidad y mucho menos la represión autoritaria.