En la sesión de este jueves 10 de enero, los diputados convocaron a elecciones para el próximo 7 de julio, conforme marca la ley. Este proceso es el acto culmen de la democracia, y como ciudadanos debemos participar, pero bien vale la pena hacer una reflexión. El gobierno de Sinaloa está desfasada 4 años con respecto al gobierno federal, es decir, cuando elegimos gobernador faltan dos años para que salga el presidente de la república, esto tiene su lógica, sus ventajas y sus desventajas; pero implica que de cada seis años tenemos elecciones en cuatro. En principio no debería haber problema, incluso podríamos tener elecciones todos los años no pasaría nada… si nuestra legislación fuera distinta. La ley federal electoral establece duros castigos a los servidores públicos que utilizan recursos públicos para apoyar las campañas electorales de un partido o candidato, desgraciadamente existen muchas lagunas, lenguaje complicado y criterios jurídicos que complican las cosas. De esta manera se vuelve un delito electoral cualquier acto y al mismo tiempo ninguno. Ello hace que muchos servidores públicos, muy bien intencionados, tengan mucho miedo de hacer su trabajo durante las campañas, en tanto que los mal intencionados no se detienen a violar la ley a veces hasta abiertamente con tal de apoyar a su “gallo”. Todo esto redunda en una ineficacia brutal en las acciones de gobierno que se ven interrumpidas, disminuidas o realizadas con bajo perfil cada vez que hay elecciones, en Sinaloa dos años de cada tres, por tanto doblemente ineficientes que otros que tienen sus procesos electorales concurrentes con los federales. Para salir delante de esta situación, es necesario o cambiar el año electoral o modificar las leyes electorales que prohíben, prácticamente , hacer funciones de gobierno a las autoridades, pero que no logran disminuir el “mapachismo” electoral.