Nuevamente compareció el representante del Vaticano ante una comisión de la ONU, en esta ocasión ante el Comité de la ONU contra la Tortura encabezado por la relatora del Comité, Felice Gaer, quien es una abogada norteamericana nacida en 1946, miembro y ex presidente de la Comisión Americana Internacional para la Libertad Religiosa, nominada por la administración Clinton y ratificada por las administraciones de Bush y Obama.

Ayer el representante permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, Silvano Tomasi, declaró que "La Santa Sede desea reiterar que las personas que viven en un país están bajo la jurisdicción de las autoridades de ese país y sometidas a sus leyes nacionales", pero esto no fue aceptado por la señora Gaer, quien considera que "La convención (contra la tortura) debe aplicarse a todos los funcionarios de un Estado, incluso a los que están en el extranjero, donde sea que se encuentren".

El problema que no distingue la señora Gaer, es que las funciones sacerdotales no son un ministerio encomendado por un estado como funciones de representación diplomática, sino vocaciones que tienen que ver con la función espiritual de la Iglesia; de otra manera cada templo debería ser considerado espacio territorial del Estado Vaticano y cada sacerdote súbdito o ciudadano de dicho estado, generando una nueva situación jurídica a la Iglesia, o mejor dicho, retomando la estructura jurídica del medievo, donde los Papas podían aplicar la ley en cualquier parte del mundo a las personas incorporadas a la Iglesia Católica por el bautizo… esto era lo que daba sustento jurídico a la Inquisición, pero parece que la señora Gaer quiere que vuelva.

La Iglesia es un ente separado del Estado Vaticano, aunque el Estado Vaticano está bajo la jurisdicción del Sumo Pontífice, quien a su vez es cabeza de la Iglesia; dudo mucho que la señora Gaer quiera, quizá sin darse cuenta, dar capacidades jurídicas a la Iglesia, pero confunde la función del Pastor con la del Jefe de estado Vaticano.

Ella, como Judía, quizá lo podría entender explicándole que los sacerdotes tienen la misma relación con el Estado Vaticano que los rabinos con el Estado de Israel: ¡ninguna!. Sería inadmisible que se culpara al estado israelí de los delitos cometidos por un rabino en la ciudad de Nueva York o Buenos Aires; de la misma forma, el Estado Vaticano no tiene responsabilidad jurídica sobre los actos de un sacerdote en Los Ángeles o la Ciudad de México, aunque la Iglesia si ha aceptado su responsabilidad moral sobre estos hechos y está trabajando por corregirlos.

Por el bien de la Iglesia y de la comunidad de naciones, esperemos que pronto la señora Felice Gaer entienda la diferencia.