La semana pasada los diputados de Sinaloa aprobaron la nueva ley orgánica de la Procuraduría General del Estado que en su artículo 51 Bis prohíbe a la prensa la divulgación de investigaciones criminales. El texto del artículo en mención dice: “los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.
"En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia. Ningún funcionario de la PGJES podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del Procurador General de Justicia del Estado o de la unidad de acceso. Sólo la víctima u ofendido a través de su asesor jurídico y el imputado, a través de su defensor, son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma".
Con este pretexto, los reporteros de la nota policiaca de Los Mochis ya fueron impedidos de cubrir eventos que les corresponden a su fuente, a pesar de que la mentada reforma no ha sido publicada en el periódico oficial y por tanto no ha podido entrar en vigor.
El impulso a una reforma de esta especie viene del más rancio autoritarismo de la política mexicana, los diputados y el propio ejecutivo han tratado de soslayar la responsabilidad sobre este atentado a la libertad de expresión argumentando que no leyeron bien, que hubo errores de redacción o que de plano ni se enteraron de lo que decía la iniciativa, pero lo cierto es que se corresponde a una manera de tratar de controlar la imagen que se da ante la ciudadanía y el mundo en general sobre la forma en que se manejan los asuntos judiciales en nuestro país.
La libertad de expresión y la transparencia es la única forma en que los ciudadanos podemos ejercer la soberanía que la constitución nos otorga, por lo que los políticos deben recordar que están ahí para salvaguardar nuestros derechos, no sus pescuezos. En este momento, los ciudadanos debemos exigir la derogación de tan absurda ley, no es un asunto de los noticieros, sino de la ciudadanía que busca vivir en la verdad y la libertad.
