La semana pasada, tras la decisión de los transportistas de no brindar el servicio con aire acondicionado en los camiones urbanos por incosteable, el gobernador amagó con abrir la convocatoria para dar nuevas concesiones para brindar el servicio. Los propietarios respingaron, y lo deben haber hecho de alguna manera fuerte, porque para el viernes, el mandatario estatal dio marcha atrás a su decisión y dejó en “stand by” lo de las nuevas concesiones.

En un excelente artículo publicado en una comunidad en Facebook, el periodista Francisco Morales explica lo que ha ocurrido con el servicio de transporte público los últimos 40 años, tiempo en que este negocio ha estado en manos de personajes vinculados al PRI y al Gobierno, lo que es fácilmente demostrable, ya que cuando sale una convocatoria para las concesiones, uno de los requisitos es contar con el aval de la CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones Populares) uno de los organismos sectoriales tradicionales del PRI para cooptar a la sociedad civil organizada, es decir, requieren del aval político de este sector para ser empresarios; si se desea refutar lo aquí dicho, lo único que hay que hacer es solicitar que el aval provenga de cualquiera de las organizaciones empresariales independientes que existen en la sociedad civil.

Lo cierto es que además de la vinculación con el partido oficialista (a pesar de no haber tenido el poder presidencial durante 12 años y que el actual gobernador de Sinaloa fue electo por una coalición de partidos contra el candidato del PRI, lo cierto es que este partido no ha perdido en ningún momento el control político del país, de ahí que se le de el calificativo de “oficialista”), los mercaderes del transporte público, que no empresarios, tejen una red de relaciones al interior de los gobiernos municipal y estatal, consolidando su poder como pulpo, de ahí el mote con el que normalmente se les conoce.

Ante esta situación, las autoridades no quieren perder el control político ni el dinero de quienes tan fielmente les sirven, sin importar que la sociedad, en particular los más pobres de ella, sean perjudicados por un pésimo servicio, caro e ineficiente.