La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió liberar a Florence Cassez, otorgándole un amparo bajo el argumento de una mala integración de la averiguación. En principio una resolución así nos debería llenar de alegría, si el Estado no es capaz de demostrar la culpabilidad de alguien, éste debe dejarlo en libertad al ser hallado “no culpable”. Sin embargo en esta situación, la realidad es bastante preocupante.
A sólo dos meses del regreso del PRI a Los Pinos, el uso de la justicia bajo criterios de conveniencia política parece estarse convirtiendo, nuevamente, en la norma. Es un claro indicio de regresión, si la transición buscaba que viviéramos en un Estado de Derecho, con división de poderes, la decisión de la Suprema Corte no deja de llamar la atención, y es que hace solo unos meses esa misma instancia no estaba de acuerdo en liberar a la francesa. ¿Qué cambio?, el poder ejecutivo; de ahí la preocupación.
El uso de la justicia con fines políticos, es un primer indicio de autoritarismo por parte de un gobierno; el PRI se ha esmerado en decirnos que México ya cambió, pero parece que ellos no se han enterado. Quieren hacer las cosas exactamente como las hacían antes. ¡Qué vergüenza!