La búsqueda de una sociedad más justa y humana nos ha llevado a exigir en México el cambio del sistema político, esto es un proceso que viene de las luchas estudiantiles de los años 60’s, que se convirtió en movimientos sociales en los 80’s y que dieron como resultado la alternancia en el gobierno en el 2000… con los lamentables resultados que todos conocemos.

Hoy, la transición mexicana, según algunos conocedores del tema, se encuentra rezagada y delegada, incluso existen signos de regresión autoritaria que podrían ser preocupantes, sin embargo como sociedad, poco sabemos realmente de lo que deseamos, hablamos de tener una mejor democracia, pero no sabemos a ciencia cierta lo que eso significa. Esperamos que, con un mejor sistema democrático tengamos un mayor acceso a la justicia, mejore el clima de paz en nuestra sociedad y tengamos mejores oportunidades de empleo, desarrollo y calidad de vida, pero ¿qué significa  tener una mejor democracia?, ¿qué tenemos que cambiar para que exista esa democracia que esperamos sea mejor?

Hace poco tiempo encontré un documento llamado “LA TRANSICIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA A LA DEMOCRACIA. UN ENFOQUE DE PUBLIC CHOICE” de José Casas Pardo de la Universidad de Valencia, publicado en Historia Contemporánea 27, 2003, pp. 869-906. El documento es muy amplio y vale la pena revisarlo íntegramente, pero el día de hoy me quiero referir a lo que el autor denomina “derechos de propiedad” y, más conocidos, “los poderes fácticos”.

Los derechos de propiedad son derechos formales que gozan ciertos grupos y que son conferidos por el sistema legal existente y cuya desaparición es parte fundamental del proceso de transición. Por otra parte están los poseedores de podres fácticos, cuya legalidad es inexistente, pero que en el proceso de transición podrán desaparecer o legalizarse.

Un primer paso, para saber qué deseamos cambiar en nuestra democracia es que conozcamos los derechos de propiedad y los poderes fácticos que actúan en nuestra sociedad y sistema político, porque estos serán actores fundamentales del proceso de transición, ya que si no se les incluye, serán los que pugnen por la frustración de cualquier proyecto.

Al final del proceso de transición, tanto los derechos de propiedad como los poderes fácticos deberán haber sido transformados para adecuarse al nuevo pacto social, el cual debe ser manifestado legalmente, de preferencia en una constitución.

Hoy nuestro país se encuentra en una encrucijada, hay quienes buscan la reforma de la constitución, quienes desean que permanezca como está y quienes desean regresar a la formulación que tenía hace un siglo, lo cierto es que ninguna de las tres vías será operante sin el acuerdo mayoritario de la sociedad, por ello, más que nunca es indispensable que desde la sociedad, los ciudadanos busquemos y fomentemos el debate para transformar nuestro marco legal, de manera que construyamos el adecuado para la sociedad que deseamos heredar a nuestros hijos.