En líneas generales, una asociación público-privada (APP) se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. No incluye esto la elaboración de proyectos llave en mano, ya que esto sería la contratación de obra pública tradicional, ni la privatización de un bien o servicio de interés social, en el que el gobierno quedaría completamente fuera.

La legislación mexicana establece que los proyectos de asociación público-privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento.

En el caso de Sinaloa, los contratos de colaboración público privada regulados por la ley son aquellos que se realizan con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el Estado.

Deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener, demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento y congruentes con los principales lineamientos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo y los respectivos Planes municipales.

En estos momentos, el Gobierno del Estado de Sinaloa está pidiendo a la legislatura que apruebe modificaciones a la ley para la construcción de hospitales en la entidad bajo este esquema de Contratación Público-Privada, sin embargo los costos mismos de la obra y el costo financiero que pretende pagar la autoridad, superan con mucho a los valores del mercado.

La construcción de los Hospitales Generales de Mazatlán y Culiacán serían prácticamente financiados por el Gobierno, para lo que pretende comprometer el 25% de las aportaciones federales ¡por los próximos 25 años!, lo que resulta inaudito, mientras que las empresas privadas aportarían una inversión mínima, con altísimos réditos y con prácticamente ningún riesgo.

El presidente de la Federación Norte Pacífico de la Coparmex, Valeriano Suárez, ha señalado estas incongruencias y ha hecho un llamado a los diputados para actuar con responsabilidad y no hacer modificaciones al esquema legal que permitan este tipo de atrocidades, las que al final termina pagando la sociedad en su conjunto.

México está viviendo un momento muy delicado, los hechos recientes muestran el grado de indignación al que ha llegado la sociedad, no se debe alimentar este malestar con nuevas acciones a las que falte transparencia y puedan despertar sospechas de corrupción, complicidad y tráfico de influencias. La sociedad ya no lo puede permitir, ni lo va a tolerar.