Cuando hace poco más de un año, el entonces Secretario de Desarrollo Económico, Roberto Cruz, manifestó su interés por ser candidato a la gubernatura del Estado, los partidos políticos, medios de comunicación y el propio Gobernador del estado manifestaron su indignación por tan flagrante violación a la ley electoral que establece que los servidores públicos no pueden aprovechar sus puestos ni los recursos gubernamentales para promover su imagen, por lo que finalmente tuvo que presentar su dimisión al cargo el citado funcionario, hoy en campaña abierta por la candidatura al V distrito electoral federal por el Partido Acción Nacional.

Probablemente en aquel entonces no se configuró delito alguno (o al menos nadie lo acusó de nada, abonando al clima de impunidad que vivimos en el país), pero lo cierto es que iba en contra del espíritu de la ley, que busca evitar que se viva permanentemente en campañas electorales. Lo malo está en que la exigencia en el cumplimiento de la ley no es pareja, existe discrecionalidad.

Ahora, a semanas del inicio de las campañas por las diputaciones federales y a poco más de un año para la elección de gobernador, alcaldes y diputados locales, los demonios se han desatado y son senadores, alcaldes, diputados federales y locales y funcionarios del gobierno federal y estatal que andan muy activos en la promoción de su imagen personal, pero el gobernador, ni los partidos o el Consejo Estatal Electoral e incluso el Tribunal Electoral, ven violaciones a la ley.

Declaraciones, eventos y hasta anuncios han sido realizados y/o colocados por diversos ‘suspirantes’ a puestos de elección, sin que autoridad alguna vea en ello una falta al código ético o a la ley electoral al que deberían estar sujetos como los ciudadanos respetables que pretenden ser, tienen que acabar con la simulación de obedecer una ley que les importa un bledo.

Probablemente lo que está mal es la ley, que es la que los sujeta a no poder hacer lo que para un político es connatural, y para ganar elecciones esencial, pero son ellos mismos los que han promovido, discutido y aprobado esas leyes y así como esperan que los ciudadanos cumplamos con ellas, del mismo modo ellos se deberían sujetar a lo que la legislación marca.

La autoridad legal que ejercen se ve totalmente desdibujada e incluso anulada por la absoluta carencia de una autoridad moral que acompañe esa formalidad que la legislación les da. Esto es lo que desde hace años viene generando la desconfianza del ciudadano común con sus representantes, por ello el elector registrado no se acerca a las urnas el día de la votación, esta actitud es, finalmente, la que tiene hoy a nuestro país al borde del levantamiento social y la anarquía.

Esto, no es responsabilidad solo de uno de los gobernantes o solo de uno de los poderes; es lo que han provocado los abusos de cientos de malos servidores públicos en todos los niveles y todos los órdenes de gobierno, recomponer la situación, del mismo modo, requiere de la participación de todos, la sociedad hoy lo está exigiendo, ¿serán capaces de entenderlo y estar a la altura de las circunstancias?