Después de la sucesión de guerras civiles que se dieron en nuestro país entre 1910 y 1929, empezando por el anunciado levantamiento de Francisco Madero y concluyendo con la deposición de las armas de los combatientes cristeros, y tras el homicidio de los dos primeros presidentes emanados de la revolución: Venustiano Caranza y Álvaro Obregón; Plutarco Elías Calles convocó a los jefes de las familias revolucionarias para pedirles que se dejaran de matar entre ellos, que era tiempo de las instituciones y que el pastel era suficientemente grande para todos, de esa reunión en el Hotel del Prado nació el Partido Nacional Revolucionario, que después Lázaro Cárdenas lo convirtió en Partido de la Revolución Mexicana y finalmente Miguel Alemán lo rebautizó como Partido Revolucionario Institucional. Este partido, desde su concepción desde el poder, tuvo el germen del autoritarismo (hoy contagiado a todos los partidos políticos) que se manifestó de manera especial en 1968 y 1971, pero que a lo largo de su historia cometió abusos y represiones bastante significativas.

Tras perder la presidencia (que no el poder, el cual ha seguido ejerciendo desde gubernaturas y el Congreso de la Unión), el PRI habló de su transformación y su renovación, tal fue la bandera de Roberto Madrazo en las elecciones del 2006 y del mismo Enrique Peña Nieto en 2012 con el llamado nuevo PRI, desafortunadamente este “nuevo” PRI no ha podido erradicar de su ADN sus notas características: la corrupción, la impunidad y el autoritarismo.

Tras los sucesos de Iguala, Tlatlaya y la casa blanca de Las Lomas, el Presidente salió la semana pasada a presentar un decálogo para superar la situación de inseguridad que vive el país, y el primer punto destaca nuevamente esta visión autoritaria: “Crear la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales” el cual contempla que el gobierno federal pueda desaparecer los poderes en un municipio infiltrado por el crimen, lo cual no es del todo negativo, siempre que se encuentren los mecanismos para que esta no sea una decisión personal del presidente, sino un procedimiento de Estado, pero por otra parte, este mismo gobierno que hoy propone tener la capacidad de retirar el poder a los cabildos de los municipios infiltrados, se ha negado sistemáticamente a aprobar la revocación del mandato cuando los ciudadanos consideren que su autoridad no está cumpliendo con su obligación constitucional de brindar bienestar a la sociedad.

En el diagnóstico y discurso del Presidente de la República, está totalmente ausente la autocrítica, ¿la PGR y sus agentes son totalmente inmaculados? o ¿es que entre los diputados federales (sin importar el partido) no se ha infiltrado el crimen organizado?, ¿y en los gobiernos estatales? ¿por qué se reduce el problema a los municipios entonces?

La situación actual del país exige una acción conjunta de todos los actores, gobierno, sociedad, partidos políticos, medios de comunicación, solo juntos podremos superar esta difícil etapa, para ello el Presidente debe recuperar la confianza, lo que solo logrará si se desvincula de la tradición que su partido arrastra.