Cuando el 30 de julio de 2014 el gobernador envió la propuesta de modificación a los decretos 976 y 977 para servir de garantía en la solicitud de crédito de las empresas ganadoras de las licitaciones correspondientes para la construcción de los hospitales generales de Mazatlán y Culiacán respectivamente, nunca se imagino que la sociedad pudiera unirse en una exigencia para impedir comprometer el 25% de los recursos de las aportaciones federales a la entidad, y de paso el futuro mismo del estado.
Peor aún, al solicitar que el trámite se hiciera mediante el mecanismo de Iniciativa Preferente, buscaba disminuir al mínimo la exposición del tema y quizá nunca se hubiera sabido nada, de no ser que los diputados no aceptaron pasar en fast track la propuesta del ejecutivo. Para acabarla de amolar, al desatarse el escándalo por la masacre en Iguala, echarse atrás la concesión del tren México-Querétaro y desvelarse la existencia de una casa propiedad de la Primera Dama con valor de más de 7 millones de dólares, la discusión de la construcción de los hospitales en Sinaloa se tornó un asunto de suma delicadeza.
A la atinada demanda de la Coparmex para transparentar y clarificar el tema, se han sumado otras organizaciones ciudadanas, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanos exigiendo que se aclare qué pasó con la obra ya iniciada del Hospital de Mazatlán y que se abandonó desde el inicio de la actual administración, ¿quién es responsable de la pérdida de alrededor de 350 millones de pesos invertidos en esa obra?, ¿por qué los costos de las nuevas edificaciones son tan elevados, superando en tres a uno los costos, por ejemplo, del Hospital Ángeles?, ¿qué problema de atención van a resolver las obras en cuestión si se abandonarán los hospitales ya existentes, con lo que no habrá un aumento en la capacidad?, ¿cuál es el costo financiero de los proyectos?, ¿qué consecuencias jurídicas puede haber por modificar las condiciones del contrato una vez asignada la obra y concluida la licitación? ¿habrá quejas por parte de los constructores que perdieron? ¿qué relación tienen las constructoras ganadoras con los defenestrados constructores del tren rápido México-Querétaro? Y muchas preguntas más de las que hasta ahora la sociedad no tiene respuesta y por las que la inconformidad y el desacuerdo aumentan cada día más, tornando más difícil el ambiente político de Sinaloa.
La cuestión se ha vuelto tan polémica, que el gobernador debería ya estar contemplando seriamente, como lo hizo el Presidente Peña Nieto en el caso del tren rápido México-Querétaro, anular la licitación y volver a iniciar el proceso desde el inicio, lo que de por sí costaría a la entidad alrededor de 300 millones de pesos (según información proporcionada por uno de los legisladores), pero que salvaría la estabilidad política y evitaría posteriores consecuencias jurídicas a los servidores públicos del ejecutivo y del legislativo que están embrollados en el asunto. La salud es un tema de la primera importancia para cualquier sociedad, su atención y adecuada planeación una necesidad impostergable, pero comprometer recursos que podrían dejar manco al gobierno para atender esas mismas necesidades y quizá otras de igual o mayor relevancia, es un lujo que ningún político se puede dar.
