La LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa presume en sus spots de radio que hay disposición al diálogo, que les gusta actuar de cara a la sociedad y han acuñado el eslogan “Escuchar para legislar”.

En consonancia con ese llamado y presunción de los legisladores estatales, organizaciones de la sociedad civil se han acercado a los diputados para buscar información, plantear dudas y pedir prudencia y responsabilidad en el caso de las reformas a los decretos 976 y 977 que permitirían al ejecutivo estatal comprometer recursos de la entidad por 25 años para pagar la construcción de dos nuevos hospitales generales en Culiacán y Mazatlán, en sustitución de los actuales.

Este miércoles, empresarios de Coparmex y miembros de otras organizaciones sociales se acercaron al Congreso para presentar cifras de lo que representaría para Sinaloa y sus finanzas la aprobación y construcción de los correspondientes nosocomios, ante la evidencia, los diputados señalaron que no sería prudente aprobar las modificaciones legales y dieron garantías en el sentido de que no se presentaría el dictamen ante el pleno para su votación.

Sin embargo, pocas horas después, fuentes al interior del Congreso, dieron a conocer a los empresarios una cita a la Comisión de Hacienda el mismo miércoles 17 de diciembre para aprobar el dictamen y estar en condiciones de someterlo a votación en la sesión del pleno del jueves 18.

En algún momento, la frase “Escuchar para legislar” fue sustituida por “Ocultar para legislar”, lo importante no es cumplir con la sociedad y sus demandas y necesidades, sino con las exigencias del ejecutivo y sus oscuros compromisos.

La situación es muy grave, de aprobar los diputados la reforma a los mencionados decretos, estaría generando una situación de modificación a posteriori de las bases de la licitación, con lo que anularía la legalidad del evento y comprometería jurídicamente a las personas involucradas en un posible caso de violación a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, las normas hacendarias e incluso a demandas civiles y penales por parte de todos aquellos que se sientan perjudicados, empezando por las empresas participantes del concurso de licitación y de ahí a toda la sociedad que a fin de cuentas es a la que se le carga la deuda y que tarde o temprano se reflejará en la calidad de los servicios que recibe por parte del gobierno y/o en la carga fiscal que tendrá que soportar.

Esperemos que los diputados retomen su eslogan y el compromiso que eso significa, su función principal es defender los intereses del pueblo generando un equilibrio en los poderes, no resolver las necesidades del ejecutivo a capricho.