Desde diciembre pasado, la diputada Sandra Lara presentó la propuesta para sancionar a las empresas privadas que se demuestre hayan incurrido en actos de corrupción, tráfico de influencias o sobornos para obtener beneficios, especialmente en el concurso de obras públicas estatales y municipales.

Sin duda esta es una medida necesaria, ya que la corrupción no es patrimonio exclusivo de los servidores públicos, sino que éstos necesariamente requieren de la participación de instituciones privadas que se presten al cochupo y la componenda.

Especialmente oportuno es examinar el tema, cuando precisamente en el Congreso se encuentra todavía en discusión la reforma de los decretos 976 y 977 que permitiría endeudar al gobierno por 25 años con cantidades ingentes de los recursos disponibles del erario, especialmente porque las empresas que construirían primero, y administrarían después los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, se encuentran en el ojo del huracán a raíz de la cancelación de la licitación de la obra del tren rápido México-Querétaro, donde al parecer alguna participación tenían y que algo turbio ocurrió que obligó al Presidente a cancelar dicha licitación cuando el secretario de comunicaciones ya había dicho que no había marcha atrás.

La corrupción es, sin duda, una vía de dos sentidos, en la que tan corrupto es el que ofrece, como el que recibe, por ello es muy importante que las leyes que reglamentan las asociaciones público-privadas tengan los candados adecuados que impidan el tráfico de influencias y el soborno; sin embargo, no hay ley que sirva mientras haya funcionarios por un lado y empresarios por el otro, que estén dispuestos a robarle a la sociedad.

Por ello, es fundamental actuar de manera cotidiana como sociedad en la supervisión del manejo de los recursos públicos, porque si no es la honestidad, será la vergüenza de ser descubierto lo que podrá frenar los abusos que día a día se cometen en nuestro país en el uso del erario público, que tiene su origen en los trabajadores productivos de la nación, y de ninguna manera puede ser considerado una propiedad, mucho menos patrimonio, de algunos encumbrados funcionarios que han olvidado que son servidores públicos.