Organismos ciudadanos pidieron este lunes que se cancelaran las licitaciones de los hospitales generales de Mazatlán y Culiacán, por resultar excesivos los costos planteados y comprometer los recursos del estado por 25 años, lo que dejaría a Sinaloa sin recursos para enfrentar cualquier adversidad en el futuro, incluida la superación de la capacidad instalada, que se daría aproximadamente en 20 años, 5 antes de terminar de pagar los actuales, además de que el plan contempla cerrar los hospitales generales actuales.

En respuesta a esta solicitud, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, organismo que ejerce el liderazgo y genera los acuerdos al interior del Congreso, señaló que la suspensión no es un tema que esté a discusión, pero que el Congreso está abierto para escuchar a todos los ciudadanos que deseen opinar sobre el tema.

Por su parte, el Gobernador Mario López Valdez, propuso que se cree un organismo ciudadano que vigile el ejercicio de los recursos para la construcción de los hospitales.

Ambas propuestas tienen un mismo objetivo: barnizar de legitimidad un acto atroz que bajo ningún concepto la sociedad puede aceptar. Diversos actores han señalado que el costo de los hospitales aprobado por el gobierno, triplica el valor de mercado, es decir, el costo real, que tienen dichas obras, ¿compraría usted una barra de pan en $75 pudiendo adquirirla en $26? Yo tampoco, pero al parecer el gobierno de Sinaloa considera plausible esta operación, bajo el pretexto de que urgen los hospitales (que caminen dos cuadras más y los consigan a un precio decente).

No solo eso, las invitaciones al diálogo y a participar en comisiones parecen ser una vieja estrategia que ya les ha funcionado para hacer lo que se les pega la gana: en 2010 los diputados hicieron consultas para aprobar una ley de Participación Ciudadana, pero después de meses de diálogo y consultas con expertos y ciudadanos, terminaron aprobando una ley que a nadie (excepto a quienes detentan el poder, por supuesto) convencía y que al día de hoy es inoperante.

¿Recuerda usted que al inicio del gobierno de Malova se contrajo una deuda de $2,800 millones de pesos? Ese crédito contó con un comité ciudadano que vigilaría su ejecución… los miembros del mismo terminaron renunciando porque la información no se les entregaba de manera oportuna, sus observaciones no eran atendidas y el gobierno simplemente terminó por ignorarlos. ¿En ese esquema queremos entregar los recursos de salud (y otros probablemente) por los próximos 25 años?

Los gobernantes se van, pero los ciudadanos nos quedamos a padecer sus malas decisiones, la deuda que se contrate hoy, la pagaremos los ciudadanos mañana, ya sea con aumento de impuestos o con disminución de la calidad de los servicios que recibimos (incluido el de salud, que hoy defienden tanto). ¡No permitamos este abuso!, ¡Pidamos a Malova la cancelación de las licitaciones!