La llegada al gobierno estatal de Mario López Valdez, tránsfuga del PRI, se dio con las siglas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pero con el apoyo importante de estructuras priistas bajo el liderazgo del ex gobernador Juan S. Millán y otros que, inconformes con la candidatura de Jesús Vizcarra en quien veían a un advenedizo, vendieron al PAN la idea de que podía ganar con Malova como su abanderado, lo que en realidad hubiera podido lograr casi con cualquiera debido al enorme desgaste que había sufrido el prismo, especialmente en los dos sexenios que entonces concluían.
Acompañado de mucha gente de buena voluntad, bajo la idea de un cambio democrático, López Valdez triunfó en aquella elección de 2010, pero junto con él, llegaron las prácticas tradicionales del PRI. Desde la inauguración de su gobierno, las principales funciones de la administración pública cayeron en grupos de larga tradición priista: Gerardo Vargas Landeros, mano derecha de Malova y entrañable compañero desde su administración como Presidente Municipal de Ahome, tomó la estafeta de cubrir el flanco político encabezando la Secretaría General de Gobierno, acompañado de dos priistas innegables, Jesús Marcial Liparoli y Bernardo Cárdenas; para los asuntos de dinero, la confianza se depositó en Armando Villarreal, hasta entonces cercano colaborador del millanismo, lo mismo que en la dependencia responsable de la atención a la comunidad, la SEDESHU, con Juanito Millán, por no mencionar Educación, Procuración de Justicia e Innovación Gubernamental.
Los últimos cuatro años han confirmado que más allá del discurso, el cambio no llegó por ninguna parte; ahora que se perfila el nuevo proceso electoral y la renovación de los cuadros de gobierno, Malova saca del arcón de los recuerdos aquel discurso, señala que no tiene partido ni candidato y que no intervendrá en el proceso de sucesión.
Pero la realidad es muy distinta, el gobernador ha colocado gente cercana a sí mismo en todos los partidos o ha logrado que sus líderes se acerquen lo suficiente a él, para lograr influir en la sucesión lo necesario para lograr que el candidato ganador sea aquel de su preferencia, o al menos lo bastante cercano para evitar que se realicen investigaciones que podrían poner en aprietos el desempeño de su gobierno.
Es cierto que formalmente el gobernador no pertenece a ningún partido político, pero también la sociedad ha notado su influencia para orientar las elecciones internas de los partidos, tanto para definir dirigencias como para colocar candidatos. Hoy, Sinaloa no es más democrático que hace seis años, ni el gobernador tendrá menos injerencia en el proceso electoral; por el contrario, los partidos se pliegan a su voluntad, favorecen a los malovistas, independientemente del partido por el que se postulen y simulan la existencia de una democracia que no es más que un sueño que parece nunca cristalizar.
