En el senado se está debatiendo la ley anticorrupción, el tema ha cobrado fuerza entre la opinión pública, de manera que después de la inseguridad, la corrupción es la mayor preocupación de los ciudadanos, incluso por arriba de la economía y el empleo, con lo que se hace evidente como la población en general empieza a percibir que esto les afecta directamente en su bolsillo.
También en el senado, se discuten los temas de la transparencia, pero arece que nuestros políticos no entienden; senadores del PRI y el PVEM se oponen a una cultura de transparencia, según Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto, Rendición de Cuentas y Corrupción de México Evalúa, estos senadores pretenden: eliminar la prueba de daño como un mecanismo efectivo para hacer legítima la reserva de información, eliminar la obligación de que los funcionarios documenten la información relacionada con el desempeño de sus obligaciones (la inexistencia de la información es actualmente la justificación más utilizada para que los ciudadanos no podamos acceder a la información), que la Ley General de Transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes que contengan disposiciones en materia de transparencia, excluir a ciertas instituciones del Estado del cumplimiento de las disposiciones de Ley General de Transparencia (en particular CFE y Pemex por dejar de ser paraestatales y convertirse en empresas producti
vas del Estado), que varias instancias federales puedan prescindir de Comités de Transparencia, es decir, que en éstas, la atención de solicitudes de información serían tomadas por una sola persona, en lugar de un órgano colegial, evitar que los fideicomisos que no tienen estructura orgánica rindan cuentas de manera directa, ampliar los plazos de reserva de información (incluyendo la de crímenes contra la humanidad), eliminar la obligación de que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales y eliminar la obligación de publicar los resultados de evaluaciones de desempeño practicadas a los funcionarios.
Si la ley anticorrupción va a seguir el mismo patrón que las propuestas de la Ley General de Transparencia que pretenden conseguir los senadores del PRI y el PVEM, seguramente veremos que se castigará al ciudadano que pretenda sobornar a un servidor público, pero no al funcionario que se robe millones de pesos del erario.
Afortunadamente, estamos muy a tiempo como sociedad para actuar e impedir que se cometa semejante arbitrariedad. Hoy más que nunca los ciudadanos debemos impulsar que nuestros legisladores actúen de manera honesta y valiente ante las necesidades de la ciudadanía, por encima de los intereses de sus grupos o partidos políticos.
Si los ciudadanos seguimos callando ante los atropellos que cometen las personas en los cargos públicos, nuestro país seguirá estancado, o peor aún, retrocederá de tal manera que las injusticias que hoy palpamos serán pecata minuta ante las barbaridades que podremos observar en un futuro no muy lejano. Ya sabemos hoy de las casas que se pueden tener si se favorece a un constructor, ¿se imagina los castillos e islas que podrán comprar con los contratos de Pemex si los siguen haciendo de manera discrecional?
