Bernardo Ardavín Migoni (yoinfluyo.com)
La proliferación de fenómenos de ingobernabilidad tiende hacia la conformación, de hecho, de dos realidades:
La del Estado mexicano ---con sus respetables instituciones, aun cuando plagado de fallas y debilidades que dificultan su perfeccionamiento hacia un Estado de Derecho cabal, propiamente concebido---, sujeto a la transición política que deseamos hacia una mejor democracia.
Y la del “Estado mafioso”, una satrapía, dirigida por varios déspotas ---capos, les llaman--- que pelean entre ellos por el poder, someten por la fuerza a las poblaciones, y cometen toda clase de arbitrariedades sobre los ciudadanos inermes, para su beneficio.
¿El gobierno es incapaz, o corrupto, o ambas cosas a la vez?
Desde luego, el gobierno tiene los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para cumplir con su deber. Si no lo hace es porque la corrupción tiene una cota tan alta y una cobertura tan amplia, mediante la impunidad, que no le deja actuar. Numerosos funcionarios de los tres poderes de la Unión y de los tres Órdenes de Gobierno, así como políticos de todas las corrientes ideológicas, están implicados con la delincuencia, o lo que es peor, son sus cómplices.
¿Qué debemos hacer?
Estamos padeciendo una evidente enervación.
Conocemos la imperiosa necesidad de contar con una buena educación básica, de calidad, para todos los jóvenes, como premisa para progresar, desarrollarnos suficientemente y poder satisfacer así las necesidades mínimas de todos los mexicanos. Sin embargo, no exigimos con suficiente perseverancia y eficacia que el gobierno atienda a la solución de ese gravísimo problema.
De manera semejante, estamos convencidos de que no podemos permitir que la delincuencia siga avanzando, pero no reaccionamos de manera consecuente.
Los mexicanos no podemos permitir esta inconcebible, pero ominosamente cercana amenaza del crecimiento de un Estado mafioso, que conviva con el Estado mexicano al que incluso, en una situación extrema, podría llegar a absorber.
Debemos exigir, con vehemencia y eficacia, que el gobierno cumpla con sus obligaciones en el marco de la ley, con un riguroso respeto a los derechos humanos de los ciudadanos: que garantice la seguridad, la justicia para todos y, en consecuencia, la paz.
