Bernardo Ardavín Migoni (yoinfluyo.com)

Las investigaciones sumamente deficientes e incluso tramposas, tanto de los delitos de alto impacto, como los comunes y de los que violan la ley electoral hacen nugatorio el derecho de los ciudadanos a la justicia y han contaminado el ambiente con una espesa nube de sospechas, que estorba la vigencia sensible de una de las condiciones indispensables para la existencia de un Estado de derecho y de una democracia funcional: la confianza ciudadana.

Los partidos, los candidatos y las campañas parecen ajenos a la ciudadanía.

La propaganda partidista luce prácticamente ayuna de propuestas. Las plataformas que en teoría contendrían soluciones, cuando menos teóricas ante la problemática nacional, sumamente compleja y diversa, brillan por su ausencia. De cierta manera esta omisión se explica porque los partidos se encuentran en un activismo extraviado, urgidos para contestar los ataques de sus opositores con otros ataques más incisivos y contundentes, cuando menos en la forma.

No tienen tiempo para el análisis ni mucho menos para la formulación de una propuesta responsable y constructiva: eso será materia de tratamiento posterior, dicen, después de que los afortunados hayan sido elegidos, ya sea por mayoría o por la vía plurinominal o proporcional, en estas últimas versiones sin siquiera haberse preocupado ni por su campaña ni por las ajenas, ni menos aún por los posicionamientos de los ciudadanos.

¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?

La única salida es la participación ciudadana libre y crecientemente responsable, que no pida sino exija a las autoridades que se sometan a la ley, y que ejerzan sus funciones administrando e impartiendo justicia para todos.

No solo los religiosos, obviamente, sino también los empresarios, los trabajadores organizados, los sindicatos y asociaciones, la academia, necesitamos participar exigiendo al gobierno que cumpla con sus obligaciones.

Lo podemos lograr no solo mediante nuestro voto analizado y dirigido de manera pertinente, sino participando en forma organizada dentro y fuera de los partidos políticos para indicar el rumbo del país que queremos, y culminar la transición hacia una mejor sociedad, una economía de mercado sostenible y equitativa, y una democracia con una participación ciudadana viva y actuante.