El reto ahora es la implementación de las reformas

Juan Pablo Castañón (yoinfluyo.com)

En el México del siglo XXI prevalece el Estado de Derecho en todas las regiones, se fortalece una cultura de legalidad con una visión de progreso y desarrollo de largo plazo, y todos los mexicanos contamos con oportunidades para desarrollar nuestro potencial. Esta es visión y la meta que visualiza Coparmex.

En los últimos 20 meses fueron aprobadas 11 reformas, que contenían 58 modificaciones a la Constitución, 81 cambios a leyes secundarias y la creación de 21 nuevos reglamentos. Las reformas son el resultado de décadas de discusión y análisis en las que el sector empresarial participó para vencer los mitos y obstáculos que frenan nuestro desarrollo como nación. Ahora, México cuenta con un nuevo diseño institucional, pero el ciudadano de a pie aún no experimenta los efectos de estos cambios. El gran desafío que enfrentamos consiste en instrumentar rápido y bien las reformas. Esto significa nuevos retos para todos porque, a diferencia del proceso legislativo, la aplicación de las reformas involucra a un mayor número de actores.

El Presidente de la República tiene la facultad para expedir reglamentos y vigilar el cumplimiento de nuestro marco legal, pero toca a los congresos locales, a los gobernadores y alcaldes y a cada servidor público aplicar las nuevas leyes para que finalmente tengamos mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.

A nosotros como ciudadanos nos corresponde vigilar la correcta y oportuna aplicación de las reformas. En Coparmex nos comprometemos a supervisar su puesta en marcha a través de nuestros Centros Empresariales y nuestras Comisiones Nacionales de Trabajo. Fuimos promotores de algunas reformas y ahora queremos que estos cambios legales se conviertan en realidad en todos los rincones del país. Porque, recordemos, México se construye desde lo local hacia lo nacional.

En las reformas orientadas al crecimiento económico y prosperidad, particularmente en la energética, vigilaremos que la producción de energía no sólo se abra a nuevos competidores, sino que sirva para contar con un fondo petrolero robusto y suficiente. Inversión tanto privada como pública, que nos permita generar desarrollo. Vamos a trabajar en conjunto con la autoridad para que se aplique una política de Contenido Nacional que permita el crecimiento y fortalecimiento de las empresas nacionales. Para lograrlo, necesitamos jóvenes capacitados con acceso a la formación que brindan los tecnológicos, universidades y centros de investigación a través del Modelo Mexicano de Formación Dual.

Estaremos atentos a que la Reforma Energética nos permita la integración de las cadenas productivas y así generar empleos de calidad en la formalidad, con ingresos reales mayores a cinco salarios mínimos. Eso significará progreso para muchos mexicanos.

Coparmex participará activamente en los procesos, para que estas leyes se apliquen y vayamos cambiando aquellas estructuras que hoy nos impiden progresar. Esto no será fácil, porque implica eliminar privilegios, aceptar la competencia en áreas que antes eran controladas por unos cuantos.

Hemos realizado una gran cantidad de reformas. Recordemos: Laboral, Educativa, de la Ley de Amparo, Financiera y Fiscal, Energética, de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de Competencia Económica, de Transparencia, Político Electoral y del Código de Procedimientos Penales. Son muchas, pero muy profundas e importantes para el desarrollo futuro del país. Sin embargo, está pendiente una reforma que permita combatir eficazmente la corrupción en todos los órdenes de gobierno y en todos los Poderes.

Queremos que se transparente el ejercicio de los recursos públicos y que cualquier desvío sea sancionado eficaz y oportunamente. La más reciente encuesta de Banxico indica que el 24 por ciento de los directivos entrevistados señala la corrupción como el principal lastre para realizar negocios en México. Es momento de erradicar esa cultura patrimonialista que privilegia el beneficio personal sobre el Bien Común. Ante el inicio de un próximo periodo ordinario, los legisladores tienen la palabra.

La necesaria construcción de la paz

Oscar Fidencio Ibañez (yoinfluyo.com)

Hace algunos años, al circular por La Costera vacía –la principal avenida de Acapulco–, sin tráfico, tuve una sensación de incertidumbre, un cierto temor que actualizaba las historias de inseguridad, matanzas y desaparecidos que afectaban al puerto y destino turístico más tradicional de México. Por años, el estado de Guerrero ha sido y sigue azotado por el crimen organizado y sus consecuencias de secuestro, extorsión y muerte.

Se supone que el Estado moderno surgió precisamente para brindar seguridad a los ciudadanos; pero, la incapacidad del mismo para cumplir esta responsabilidad, hace necesario que los ciudadanos busquen vías alternativas de organización y se replanteen el cambio de las personas que están a cargo de las instituciones, o de modificar las instituciones, y finalmente las ideas que orientan la manera de hacer las cosas (o una combinación de estos factores) para resolver el problema.

Cuando la violencia se enseñorea de alguna ciudad, región o estado, es evidente que las instancias de gobierno y procuración de justicia han sido rebasadas; entonces se vuelve común invocar la necesidad de la participación ciudadana como un elemento para resolver los problemas de inseguridad; sin embargo, el problema estriba en ¿cómo debe ser esa participación para que sea efectiva?

En el último número de “La Cuestión Social” (Abril-Junio 2014, IMDOSOC) se expone el Proyecto de construcción de la paz en la Arquidiócesis de Acapulco por parte del Arzobispo Mons. Carlos Garfias Merlos, que consiste en cuatro etapas de desarrollo que poco a poco van capacitando e involucrando a laicos en labores de construcción de paz en la Arquidiócesis, y después vinculándose con las demás diócesis que conforman la provincia eclesiástica y que abarca el resto del estado de Guerrero.

El origen de este trabajo para atender los graves problemas de violencia e injusticia, está basado en la Exhortación pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM): “Que en Cristo Nuestra Paz México tenga Vida Digna”. Documento que se distribuyó a partir de 2010 en todo el país como una reflexión y aportación frente a la vorágine de violencia que azota a México.

El proyecto de la Arquidiócesis acapulqueña asume un proceso de reflexión a partir de la condición de cristianos en esa región que sufren, al igual que los no creyentes y fieles de otras religiones, las consecuencias de la injusticia y la violencia. Y en una perspectiva de fe y esperanza en Jesucristo, se empiezan a construir capacidades de acompañamiento y solidaridad en las comunidades que sufren la violencia, y se desarrollan métodos para apoyar a las víctimas y reconstruir el tejido comunitario para construir la paz.

El proyecto tiene etapas de corto, mediano y largo plazo, y se abordan las dimensiones espirituales, emocionales, mentales y físicas de las personas, y se buscan respuestas en el plano personal, relacional, institucional y estructural que permitan construir la paz. Como se puede apreciar, el enfoque es integral, centrado en la dignidad de las personas, y a partir de un compromiso que nace de la fe.

Esta es una manera concreta de involucrarse como cristianos en la solución del flagelo de la inseguridad que azota al país, y de “alentar la esperanza de quienes por esta razón viven con miedo, con dolor e incertidumbre”. Es necesario que otras diócesis y otros cristianos asuman proyectos de construcción de paz tan necesarios no sólo en nuestra patria, sino en el mundo entero.

Reforma Energética ¿avance o retroceso?

Luis Pazos (Reforma)

La terminación de un costoso, ineficiente y corrupto monopolio estatal del petróleo, independientemente de que las leyes secundarias puedan ser insuficientes para atraer la inversión privada esperada, constituye un gran avance. Es el paso más trascendental y positivo del gobierno de Enrique Peña Nieto con el apoyo del PRI y el PAN en el Congreso y el rechazo de una izquierda a la que se le paró el reloj en los años 60 del siglo pasado.

La reforma energética no tiene sus fundamentos en una ideología neoliberal o de derecha, sino en una necesidad aritmética de obtener recursos y hacer eficiente el sector petrolero. En este año ya se dio una balanza petrolera negativa. México desembolsa más dólares por la compra de gas, gasolinas y petroquímicos, que lo que recibe por la exportación de crudo, cuya producción disminuye gradualmente. La única alternativa para elevarla, y no convertirnos en unos años en importadores de crudo, es extraer más de aguas profundas del Golfo de México, para lo cual no tenemos recursos ni tecnología.

La deuda externa de Pemex, más sus pasivos laborales, arrojan una quiebra contable, la que reconoce expresamente el gobierno al absorber esos pasivos y hacerla viable financieramente, sólo por unos años, si no corrigen los factores que causaron esa quiebra.

Los únicos perjudicados con la tardía apertura energética son los líderes sindicales, funcionarios y contratistas que a la sombra del monopolio estatal petrolero amasaron grandes fortunas: los líderes, mediante cuotas sindicales, personal excesivo y venta de plazas; los funcionarios, a través de la venta de contratos; y los contratistas, por millonarios ingresos ilícitos por sobreprecios y servicios fantasma.

Las reformas fiscal y laboral no apoyan al crecimiento y progreso de México, pero sí puede ayudar la reforma energética, si es bien manejada y rápidamente implementada, sin la creación de más burocracia y organismos innecesarios que aumenten la ya inflada nómina de Pemex.