 |
 |
| "Promoviendo la Participación Ciudadana" |
NO SON INAMOVIBLES las decisiones de los diputados: DML
Esta mañana, en reunión de comisiones unidas de salud, presupuesto y hacienda, se discutió el tema de la modificación de los decretos 976 y 977 para comprometer el presupuesto del estado para los próximos 25 años, decidieron dejar para enero la aprobación del dictamen que autorizaría comprometer éstos como garantía a favor de desarrolladores que operaran dos hospitales bajo el esquema de contratos públicos privados.
Los legisladores habían invitado a los ciudadanos a presenciar la reunión, pero finalmente no permitieron el acceso a los particulares, y después de dos horas se les invitó a conocer la decisión de posponer el dictamen.
Por su parte, el presidente de la federación Norte-Pacífico de Coparmex, Valeriano Suarez Suarez, pidió a los legisladores cuidar el patrimonio de los sinaloenses y hacer un dictamen de la situación del hospital que se dejó en obra negra en Mazatlán. En tanto, David Moreno Lizárraga, presidente del Parlamento Ciudadano, exigió que las decisiones tomadas por legislaciones previas sean revisadas al amparo de las nuevas realidades y no sea pretexto dichas aprobaciones, ya que las legislaturas tienen plena capacidad para las tomas de decisiones necesarias en beneficio de la sociedad.
Sabino Carrillo, también del Parlamento Ciudadano, añadió a los diputados la solicitud de transparentar la información diponible, haciendo públicos los dictámentes en la página web del Congreso y las redes sociales disponibles.
Las dudas sobre el tema persisten, por lo que finalmente los diputados hicieron patente su compromiso de analizar el tema más a fondo y por ello posponer el dictamen para el mes de enero.
Violencia cuesta a México 27% de PIB, revela estudio
(24-horas.mx) La violencia y el narcotráfico, generan a nuestro país un costo de 334 mil millones de dólares -el 27.7% del PIB-, lo que equivale a dos veces el presupuesto para la educación y la salud, reveló un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP).
De acuerdo con el reporte Índice sobre la paz global y en México, que reúne datos del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), la OCDE, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) y el INEGI, México se ubica en el número 25 de entre 162 naciones donde contener la violencia genera los mayores costos, siguiendo a países como Estados Unidos, Rusia e Israel.
Sin embargo, según lo sostiene el propio estudio, pese a la gran erogación para abatir la criminalidad -que en 2013 fue de 172 mil 785 millones de dólares- en los últimos 10 años el índice de paz en México muestra un retroceso de 27% debido, principalmente, a los incrementos en la tasa de homicidios (cerca de 40% de 2007 a 2013). Los subíndices que miden la eficiencia del sistema judicial (90% de los homicidios quedan impunes) y el tráfico de armas, mientras que la corrupción en las fuerzas policiales y de los servidores públicos, son otros de los indicadores que explican este deterioro.
“México continúa en una espiral de violencia, que tiene su origen en la guerra contra el narcotráfico que inició la pasada administración, situación que ha llevado a un aumento en el número de fuerzas de seguridad sin un impacto positivo en el número de crímenes que se cometen”, asevera el documento.
De hecho, el estudio dado a conocer por la CESOP, incluye un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, en el que advierte que las tasas de criminalidad en las zonas de conflicto en México se triplicaron desde el comienzo de la llamada Guerra contra las drogas, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Cabe mencionar que en el texto se detalla que el costo total de la criminalidad supera los 334 mil millones de dólares, pues además del gasto presupuestado para combatir la violencia, se contabiliza el costo para mantener la ley y el orden a través de la policía, el sistema judicial y penitenciario; la pérdida de productividad por el crimen; la dificultad para crear empleos bajo condiciones adversas de criminalidad, así como por la reasignación del gasto que deja de invertirse en infraestructura, en la industria y en educación.
Debilidad institucional
De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), entre las barreras que enfrenta nuestro país para el logro de la paz, está el débil arreglo institucional que diluye la efectividad de la política anticrimen, debilidad que afirman, deriva de la falta de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales, así como por la divergencia en las capacidades de las personas que integran las instituciones que hacen frente a la violencia en los tres órdenes de gobierno.
Dicho documento subraya que el gobierno mexicano aún carece de una nueva estrategia para enfrentar al narcotráfico, por lo que difícilmente se verá una reducción en los índices de criminalidad en el corto plazo.
Aunque se reconoce la reciente intención de las autoridades de reemplazar paulatinamente las fuerzas militares por la gendarmería nacional, anticipa que debido a que la estrategia central de seguridad es la misma, habrá pocos avances en favor de la paz pese a este cambio en la estrategia de seguridad.
NO HIPOTECAR SINALOA pide el Parlamento Ciudadano
El Parlamento Ciudadano de Sinaloa hizo una solicitud pública a los diputados de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de NO someter a votación, mucho menos aprobar, la propuesta del Ejecutivo del Estado de modificar los decretos 976 y 977 para otorgar garantías financieras en beneficio de los desarrolladores del proyecto de construcción de los hospitales de Mazatlán y Culiacán bajo el esquema de Contratos de Colaboración Público Privados (CCPP), por considerar que pone en riesgo la estabilidad económica de Sinaloa.
El Consejo Directivo del Parlamento Ciudadano de Sinaloa, integrado por David Moreno, Pedro Montoya, Martha Georgina Orozco, Oscar Padilla, Beatriz Aquino, Ramón Palacios, Carmen Michel y Ambrocio Mojardín, hicieron pública la carta que enviaron a los diputados de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado.
David Moreno Lizárraga, presidente del Parlamento Ciudadano, lamentó la opacidad con que actúa el Congreso del Estado en un claro desafío al pueblo de Sinaloa al cerrar las puertas a la ciudadanía en la discusión del tema de los hospitales que se pretenden construir bajo el esquema de Contratos de Colaboración Público Privados (CCPP). Subrayó que el asunto es serio y puede poner en riesgo los servicios del Gobierno del Estado de Sinaloa.
En la carta, que respaldan los directivos del Parlamento Ciudadano de Sinaloa, reiteran su profunda preocupación, compartida con diversos sectores de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, en relación al tema de los hospitales y la propuesta de modificación de los decretos 976 y 977 para extender garantías a favor de los desarrolladores del proyecto por el 25 por ciento de las aportaciones federales del FAFEF.
“Hasta ahora –dice el posicionamiento del Parlamento Ciudadano dirigiéndose a los legisladores-, la información y explicaciones hechas públicas, a juicio de varios de ustedes y de muchos ciudadanos y organizaciones, son limitadas e insuficientes y no avalan la toma de una decisión favorable a tal propuesta. Más aún, organizaciones sociales han demostrado técnicamente que tal plan es inviable tanto para dar un servicio decoroso de salud, como para la estabilidad financiera de Sinaloa”.
“Nosotros mismos –precisa el texto- no hemos tenido respuesta completa a nuestra solicitud de información ante las Comisiones de Hacienda y Salud, que incluye:
1. - Justificación sobre la pertinencia social de dichos proyectos y la explicación sobre el abandono del proyecto en construcción del Hospital General en Mazatlán.
2.- Población objetivo y costos de los servicios que se brindarán en los hospitales en cuestión.
3.- Costos financieros totales de los proyectos, su operación y financiamiento.
4.- Garantías que se solicitan incorporar a los decretos, su razón y circunstancias.
5.- Cualquier otro elemento que permita evaluar la pertinencia y viabilidad social y financiera de los proyectos.”
En razón de lo anterior –concluye la carta-, insistimos en nuestra solicitud: NO someter a votación, mucho menos aprobar con tan deficientes elementos una decisión tan delicada y trascendente para la sociedad sinaloense. Les demandamos actuar en representación de la ciudadanía, con responsabilidad, prudencia y sobre todo, en pos del bienestar de la sociedad que los favoreció con su voto”.
El Diputado Víctor Manuel Díaz Simental, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, expresó su respeto al posicionamiento del Parlamento Ciudadano de Sinaloa y manifestó su convicción de abrir estos temas con transparencia y claridad a la discusión y participación ciudadana.
UN AÑO GRIS con Arturo Duarte: Coparmex
(EL DEBATE/Oscar Ricardo Flores) La Coparmex calificó de gris el primer año de gobierno del alcalde Arturo Duarte García.
El líder de la organización patronal, Jorge López Valencia, justificó esa calificación con el hecho de que quedaron muchas cosas pendientes.
López Valencia señaló a las diversas direcciones a base de colores, donde el verde significó muy buen desempeño; el amarillo, buen resultado con áreas de mejora; el gris poca actividad y sin resultados, así como el rojo como falta de resultados, y que requiere especial atención.
El líder del sector patronal señaló que la administración del primer año de gobierno del presidente municipal fue dada a la simulación.
"La secretaría que preside Álvaro Ruelas Echave y la Dirección de Seguridad Pública fueron las que obtuvieron el color verde; no obstante, las áreas de Obras Públicas, Inspección y Normatividad y Educación estuvieron reprobados", señaló el líder de Coparmex. López Valencia consideró que en términos generales la administración del presidente municipal Arturo Duarte García fue gris debido a que en diversas áreas quedaron a deber.
http://www.debate.com.mx/losmochis/Duarte-un-ano-gris-Coparmex-20141218-0061.html
