"Promoviendo la Participación Ciudadana"

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La corrupción es prohijada desde el poder

Bernardo Ardavín Migoni (yoinfluyo.com)

El sistema político mexicano ha tenido como características fundamentales: el autoritarismo, asumiendo en algunos casos el carácter de paternalismo; el corporativismo, que supone la organización de la sociedad de arriba hacia abajo; todo ello completado con una corrupción omnicomprensiva, que mantiene y acrecienta su prevalencia en el caldo de cultivo de la impunidad.

La falta de educación moral y cívica facilita la corrupción

La falta de educación de calidad –que debe tener un contenido más amplio que el de la mera transmisión de conocimientos, abarcando también la formación del carácter y la personalidad, así como el cultivo de valores éticos–, sin duda constituye una deficiencia que puede facilitar la corrupción.

Esa lacra está relacionada con las deficiencias de la educación en sentido amplio, es decir: la falla en el desarrollo de las virtudes y el rechazo de los vicios. En esta perspectiva, como todos los actos humanos que por ello son libres y comportan responsabilidades, el fenómeno de la corrupción tiene una dimensión ética innegable y, por tanto, cultural.

La corrupción de la política tiene consecuencias catastróficas

La política es la actividad de mayor dignidad, de más alto rango en la sociedad, porque su objetivo es el Bien común. Cuando se corrompe, lo mejor resulta lo peor: la política se prostituye para rebajarse vergonzosamente, para atender los intereses de grupos, partidos y personas, al margen del bien general.

No hay soluciones a medias para daños tan graves. La única salida es una enérgica intervención de la sociedad organizada, de los ciudadanos, para regresar la política a los cauces del Bien común, de la justicia, del Estado de Derecho, del desarrollo y de la paz.

¿Qué debemos hacer?

Esta es una crisis de enormes dimensiones en la que los mejores mexicanos tienen la obligación de organizarse y operar de manera eficaz ante los políticos, legisladores, autoridades y gobernantes para que actúen de acuerdo con la ley. Es una enorme calamidad, pero también una gran oportunidad, si reaccionáramos como debiéramos hacerlo.

En esta perspectiva, el nuevo Pacto sobre Seguridad –que se ha anunciado por parte de representantes de la sociedad, de los partidos y del gobierno– que presuntamente tendría la ventaja sobre el anterior, de una participación más amplia, no sólo de los partidos, sino también de representantes auténticos de la sociedad civil, podría ser un instrumento valioso, siempre y cuando no termine en una visión miope, como mera tabla de salvación de los políticos en apuros, dejando de lado la solución de fondo de esta calamidad política y moral de enormes dimensiones.

Habría que comenzar por hacer efectivo el castigo pendiente a tantos delincuentes que se pasean a sus anchas, gozando de una impunidad que en este contexto resulta insultante e insoportable para todos.

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Restablezcamos la paz

Por Juan Pablo Castañón, Presidente Nacional de Coparmex, para yoinfluyo.com

Ante el resurgimiento de la violencia en algunas regiones del país, los empresarios de la COPARMEX sumamos esfuerzos con amplios sectores de la sociedad y con las instituciones del país, para impulsar un gran acuerdo nacional de combate al crimen organizado, la ilegalidad y la impunidad.

 

Hoy reiteramos nuestra solidaridad con el dolor de las familias de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y con el reclamo de conocer la verdad y obtener justicia. Esperamos que los responsables sean identificados, detenidos y castigados con todo el rigor de nuestras leyes. En éste, como en todos los casos, no cabe la impunidad.

Lo sucedido en Iguala debe dar pie a que el país viva un nuevo capítulo en la historia de nuestras instituciones. Tiene que marcar un alto a la impunidad, a la injusticia, la pasividad y omisión de las instituciones permeadas por el crimen organizado y la corrupción, así como de la sociedad misma, que necesita responder a lo que México reclama. No más Igualas en ningún lugar del país. Nunca más impunidad en ningún nivel.

Sin embargo, México no puede ser rehén de la coyuntura: es inaceptable que el dolor y la natural indignación de la sociedad por los lamentables hechos ocurridos en Iguala, sean tomados y cooptados como pretexto por quienes buscan alterar el orden, desestabilizar a nuestras instituciones y afectar la sana convivencia en algunas partes de nuestro país.

Llamamos a todos los sectores de la sociedad a suscribir un compromiso indeclinable con la legalidad y el Estado de Derecho. Nunca la violencia trae consigo la paz. La indignación legítima no puede justificar el quebranto a los derechos de los demás, de la convivencia en paz. Por eso, reprobamos todo acto de violencia de quienes demandan justicia, pero en realidad, al demandarla, cometen actos vandálicos, afectan a las personas, a las empresas, a los trabajadores y dañan las vías de comunicación, como fue el caso del bloqueo al aeropuerto de Acapulco y la Autopista del Sol.

La sociedad mexicana pide justicia, pero los que todos los días nos levantamos a trabajar, a producir y abastecer con productos y servicios a las familias mexicanas, también necesitamos garantías mínimas de seguridad en las calles y en las plazas. Sobre todo los trabajadores; ellos que van y trabajan en las calles para dar servicios a la comunidad.

Llamamos a las autoridades municipales, estatales y federales a que cumplan con su obligación de garantizar el libre tránsito en las carreteras, la convivencia pacífica en nuestras calles, para que nuestros trabajadores estén a salvo en el desempeño de sus labores, para que nosotros podamos convivir con tranquilidad; para que podamos hacer el traslado seguro de personas y también de las mercancías, para que los niños y los maestros puedan ir a la escuela con toda seguridad. Para que las amas de casa puedan hacer sus actividades. Para que todos los mexicanos sigamos viviendo en un ambiente de seguridad y de paz.

Los ataques registrados en contra de las instalaciones de empresas y sus trabajadores dañan a la misma sociedad que se quiere proteger; ponen en riesgo la estabilidad que requieren las inversiones y el funcionamiento de los negocios. El daño ya es cuantioso para algunas entidades como Guerrero, cuya principal actividad económica es el turismo, y Michoacán, productor de alimentos que se sirven en la mesa de los mexicanos. Y no sólo se trata del daño económico; que quede claro. Lo principal somos las personas, por tanto el daño económico tiene consecuencias en la convivencia, en la seguridad, en la paz de las familias mexicanas.

Con carácter de urgencia, se necesita que las autoridades actúen para restablecer las condiciones mínimas de normalidad en las regiones más afectadas, y para ir recuperando la ruta a la armonía y a la paz. No necesitamos personas que protesten por actos justificados, que necesiten cubrirse la cara.

Hagamos la democracia con una reflexión y participación profunda, de cara a la sociedad. Unos con otros, discutamos lo que la justicia y la convivencia en paz debe de ser, por los mexicanos. De crítica y autocrítica, pero también de unidad y preservación de la armonía para el futuro de los mexicanos. Estamos seguros de que México sabrá resolver los conflictos actuales y salir adelante. Porque somos muchos los mexicanos que queremos la paz. Lo hemos hecho muchas veces y el compromiso con nuestros hijos nos reclama hoy sacar lo mejor de cada quien en beneficio de nuestra querida Patria.

Los invito a reflexionar y a participar desde nuestras empresas, desde nuestras familias, desde nuestras regiones, en la construcción de este México que es de todos.

No porque Iguala, Guerrero o Michoacán queden lejos de nuestra propia comunidad sintamos ajena esta circunstancia que pasa nuestro país. Este México es de todos. Pongamos todo de nuestra parte para recuperar la legalidad y la vigencia del Estado de Derecho. Porque esta es nuestra Nación.

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Violencia e ingobernabilidad afectan ya economía de México

Bernardo Ardavín Migoni (yoinfluyo.com)

La afectación de la violencia y la ingobernabilidad en el ámbito económico por la vía de la disminución de las inversiones, no sólo desde el extranjero, sino también de las empresas medianas y pequeñas del país, se comienza a sentir.

El gobierno no podrá salvar su prestigio sólo mediante gestiones diplomáticas y discursos, necesita resolver los problemas.

Las tragedias de Tlatlaya y Ayotzinapa provocadas por los asesinatos y desapariciones, han conformado un espectáculo macabro que deteriora significativamente el prestigio del gobierno mexicano y evidencia que son numerosos los casos de localidades, en el territorio nacional, que adolecen de ingobernabilidad, de prevalencia de los delincuentes que tienen sometida a la ciudadanía mediante el terror; y, lo que es todavía peor, que en numerosos lugares pareciera gobernar una mafia, resultante del contubernio entre autoridades y delincuentes.

El “nuevo PRI” tiene el reto de someter, mediante la ley, a los numerosos políticos complicados con el crimen organizado.

La pregunta es si el gobierno del “nuevo PRI” estará dispuesto a someter a la ley a los miembros de la “familia revolucionaria” y a los demás políticos que, desde las posiciones de gobierno, los congresos y los partidos, medran con los recursos provenientes de la delincuencia y se sirven de ella para mantener y acrecentar sus posiciones de poder, en un ambiente mafioso que todo lo corrompe.

¿Qué debemos hacer?

Todos debemos acompañar, en alguna forma, las protestas que estudiantes y diversas asociaciones sociales están liderando, sin permitir la violencia que lesiona su legitimidad, para exigir que el Presidente Enrique Peña Nieto, el Procurador Jesús Murillo Karam y el resto del Gabinete de Seguridad, resuelvan los graves problemas de Ayotzinapa y Tlatlaya, porque hasta ahora se han concentrado en tratar de controlar los daños más que en solucionar, a fondo, los dos casos.

Los resultados de las investigaciones son sumamente pobres, y se refieren principalmente a la detención de diversas personas a las que se ha identificado como miembros de la delincuencia organizada que opera en Guerrero y, por lo tanto, que estarían presuntamente involucrados en esos hechos. Pero lo cierto es que los 43 muchachos no aparecen ni vivos ni muertos y la responsabilidad de los miembros del Ejército no ha sido definida con transparencia.

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Bailando con el diablo en Guerrero

José Antonio Ortega (yoinfluyo.com)

El Gobierno Federal no ignoraba que a Rogelio Ortega, el gobernador sustituto de Guerrero, lo habíamos denunciado penalmente en 2009 por presuntamente haber cometido secuestros, unos en alianza con las FARC. Pero aun así decidió apoyarlo y fue recibido en Los Pinos por el Presidente Enrique Peña ¿Por qué?

Al parecer, en el Gobierno Federal priva una muy severa consternación por las consecuencias políticas de la desaparición de los 43 normalistas.

Cuando se leen los comunicados del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, que ha tenido la hegemonía en la Normal Rural de Ayotzinapa por años, es claro que ese grupo terrorista y otros perciben los hechos del 26 de septiembre como el inició de una campaña que busca aniquilarlos, o así es como ellos quieren que los demás perciban su percepción.

Ante una supuesta amenaza así, la respuesta guerrillera tendría que tener pocos límites. Los atentados contra ductos a PEMEX en 2007 serían apenas una pequeña muestra de lo que podría venir.

Como en 2007, cuando el gobierno de Felipe Calderón negoció secretamente con el Ejército Popular Revolucionario para tratar de convencerlo de que no había participado en la desaparición de 2 de sus dirigentes, ahora la administración del Presidente Peña habría requerido de un gesto mayor para demostrar que no reedita la “guerra sucia”, que nada tiene que ver con la desaparición de los 43 alumnos. El gesto es la elección de Ortega, a quien los grupos subversivos pueden percibir como uno de los suyos...o casi. Para conjurar una campaña terrorista, además los desaparecidos deben aparecer y debe castigarse a todos los implicados.

Pero entender las razones del Gobierno Federal no equivale a compartirlas. Los hechos del 26 de septiembre y sus consecuencias se podrían haber evitado si no hubiera sido tan negligente en Guerrero, si la PGR hubiera actuado contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el asesinato de tres personas en mayo de 2013.

Después había alternativas a llevar a un secuestrador a la gubernatura de Guerrero, pero el Gobierno Federal no pudo o no quiso hallarlas. Las consecuencias de esto podrían ser más atroces que las amenazas que se trata de conjurar. Y eso pasa cuando se danza con el diablo.

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