"Promoviendo la Participación Ciudadana"

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Hartazgo en púrpura…

Enrique Aranda (Excélsior)

Más allá de la explícita intención de la jerarquía católica de llamar la atención sobre la gravedad de la crisis generada tras los lamentables acontecimientos de septiembre en Iguala que, amén la muerte de seis jóvenes, derivó en la desaparición y (eventual) asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa, y de forzar a la autoridad a asumir acciones más contundentes para tratar de superar la misma, es por demás claro que la proclama signada por cardenales, arzobispos y obispos encabezados por Francisco Robles Ortega, en su pasada plenaria, constituye una severa llamada de atención al gobierno y una muestra fehaciente del hartazgo de muchos por la compleja situación que enfrentan en sus respectivas diócesis.

Y esto, no sólo porque como pastores que son deban tomar conocimiento e intervenir, no con escasa frecuencia, en la solución de problemas de su feligresía sino, esencialmente, por el paulatino agravamiento de las condiciones en que, se sabe, sacerdotes, diáconos y miembros de las diversas comunidades, deben cumplir sus habituales tareas porque si bien poco se habla de ello, no es menor el número de religiosos que, en los últimos 12 o 24 meses, han perdido la vida a manos del crimen organizado al haberse negado a ceder a extorsiones o exigencias de cancelar toda denuncia sobre su ilícito actuar.

Sólo en la diócesis de Altamirano, en Guerrero, o en aquella que tiene por sede al otrora paradisiaco Acapulco, el número de sacerdotes muertos a manos de la delincuencia podría superar la media docena, igual que casi un centenar el de los extorsionados en la ahora atribulada entidad, en Michoacán, Morelos, el Distrito Federal. Los casos de excepción son en verdad mínimos, excepciones a lo que parece haberse tornado una regla.

Por ello es que, como mencionamos en su oportunidad, a nadie debiera sorprender la dureza de los términos con que el papa Francisco se refirió a los hechos de Ayotzinapa ni, menos, los utilizados por la jerarquía local que, amén de su casi ignorado: “¡Ya basta!, no queremos más sangre… (ni) más muertes… (ni) más desaparecidos… (ni) más dolor y venganza”, refirió —casi de pasada— a las “miles de víctimas anónimas” del crimen organizado y su impune actuar en connivencia, en no pocos casos, con funcionarios corruptos de los tres órdenes de gobierno.

Por ello entonces, por lo que parece haber animado a la jerarquía católica a signar el sin duda severo pronunciamiento, es que debería atenderse al llamado que concluye el mismo y que, amén de plantear la necesidad de aceptar que, hoy, “es momento (ya) de pasar de la protesta a la propuesta” y a “que nadie esté como buitre, esperando (a ver) los despojos del país para quedar satisfecho”, explicita la generalizada convicción de que: “Estamos en un momento crítico. Nos estamos jugando una auténtica democracia que garantice el fortalecimiento de las instituciones, el respeto de las leyes, y la educación, el trabajo y la seguridad de las nuevas generaciones… a las que no debemos negarles un futuro digno”.  Importante mensaje en su momento…y ahora, más.

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La mentira y el engaño, al servicio de la deconstrucción del Estado

enfrentamientosPor Pedro de Legarreta

Este día se han estado produciendo enfrentamientos entre los manifestantes en la Ciudad de México y la policía de antimotines de esa ciudad.

A pesar de los llamados, tanto de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, como de las autoridades o líderes políticos y sociales que han pedido manifestarse dentro del marco de la legalidad, los anarquistas o grupos violentos o infiltrados o se les llame como se les quiera llamar, están provocando una mayor inestabilidad política en el país, que pareciera ser precisamente lo que buscan.

Desgraciadamente junto a estos, empezamos a ver a los diputados de la izquierda subirse al desastre, por cierto provocado por el alcalde de Iguala emanado de sus filas, agravado por la policía de la Ciudad de México que disparó contra un estudiante (que según publican hoy los diarios, no era tal) en Ciudad Universitaria, también bajo las órdenes de un gobierno de izquierda... bueno, pues los diputados de ese partido, piden la renuncia de Enrique Peña Nieto por ¡Ayotzinapa!. ¿Entonces de qué se trata?

El martes, en la columna de Sinaloa Diario, comentabamos las relaciones de los anarquistas con el crimen organizado, son suposiciones, pero basadas en la información disponible que hay en medios y estudios sociales e históricos; lo que en realidad estamos viendo en este momento es como, ante la ineptitud del gobierno mexicano para comunicar, atender y resolver los graves conflictos que está enfrentando, fuerzas nacionales e internacionales están aprovechando para deconstruir nuestra incipiente democracia, destruyendo al Estado desde sus bases, rompiendo toda posibilidad de convivencia social e impulsando una mayor confrontación que, de no prevalecer el estado de derecho y la sensatez, nos puede llevar directamente hacia una confrontación entre los ciudadanos que defienden distintos puntos de vista para el desarrollo nacional.

La autoridad legalmente electa, enfrentada a una crisis de legitimidad tanto por su historia como por su acción actual e incluso, por su incompetencia para enfrentar y resolver los problemas actuales, está cada día más acotada, y puede caer en la tentación de la represión generalizada sin mediar en la justa aplicación de la ley. Hoy, desafortunadamente, esa autoridad es incapaz de utilizar los instrumentos del gobierno para frenar la insurrección, para denunciar la mentira y para develar el engaño. Tenemos una autoridad carente de inteligencia para conocer el orígen de los atentados contra la nación, no puede encontrar a los estudiantes desaparecidos en Iguala, no termina de esclarecer los hechos de ese 26 de septiembre, no revela la actuación o la falta de esta del batallón del ejército destacado en la ciudad de Iguala, el CISEN da información a toro pasado y no es capaz de brindar información anticipada al gobierno para prevenir los ataques a los que está sometido.

Ante esta situación, la sociedad está inerme e incapaz de reaccionar y liderar un movimiento que exija el predominio del estado de derecho, la justicia y la paz. Hoy más que nunca, la sociedad civil organizada tiene la responsabilidad de exigir y construir los puentes necesarios para mantener la paz y rescatar el tejido social; necesitamos un gobierno que se haga responsable y opere cumpliendo las obligaciones que le impone la ley, que combata la corrupción e impida la impunidad, pero necesitamos que exista, que sea fuerte y que sirva a la sociedad. En este momento, la renunica del presidente no sirve de nada, no arregla nada y no corrige nada; no, en este momento necesitamos que el presidente pida perdón por lo que haya hecho mal, pague las consecuencias políticas y jurídicas que correspondan y conduzca al país a un puerto de nueva esperanza. Para ello, se requiere acabar con la red de complicidades en el gobierno y entre los partidos, y aunque suene ilusorio, esto es posible con una sociedad vigilante y participativa.

En Guerrero se ha demostrado que la renuncia del gobernante no resuelve nada, en Morelos se ha mostrado que la llegada del líder de los que hacen la protesta social en la calle, no significa que ésta se acabará. Para que México salga adelante, requiere que sus instituciones se fortalezcan, no que estas se debiliten o desaparezcan, pero tal como están hoy las cosas, solo la sociedad civil puede lograr que esto ocurra, los políticos están totalmente desprestigiados y son vistos como ajenos a la sociedad, necesitamos liderazgos sociales que impulsen el cambio, y tendrán que ser muchos líderes, no unos pocos caudillos, que estén dispuestos a entregar su tiempo, su talento y hasta parte de sus recursos, por el bien del país.

No hay tiempo, urge actuar.

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La corrupción es prohijada desde el poder

Bernardo Ardavín Migoni (yoinfluyo.com)

El sistema político mexicano ha tenido como características fundamentales: el autoritarismo, asumiendo en algunos casos el carácter de paternalismo; el corporativismo, que supone la organización de la sociedad de arriba hacia abajo; todo ello completado con una corrupción omnicomprensiva, que mantiene y acrecienta su prevalencia en el caldo de cultivo de la impunidad.

La falta de educación moral y cívica facilita la corrupción

La falta de educación de calidad –que debe tener un contenido más amplio que el de la mera transmisión de conocimientos, abarcando también la formación del carácter y la personalidad, así como el cultivo de valores éticos–, sin duda constituye una deficiencia que puede facilitar la corrupción.

Esa lacra está relacionada con las deficiencias de la educación en sentido amplio, es decir: la falla en el desarrollo de las virtudes y el rechazo de los vicios. En esta perspectiva, como todos los actos humanos que por ello son libres y comportan responsabilidades, el fenómeno de la corrupción tiene una dimensión ética innegable y, por tanto, cultural.

La corrupción de la política tiene consecuencias catastróficas

La política es la actividad de mayor dignidad, de más alto rango en la sociedad, porque su objetivo es el Bien común. Cuando se corrompe, lo mejor resulta lo peor: la política se prostituye para rebajarse vergonzosamente, para atender los intereses de grupos, partidos y personas, al margen del bien general.

No hay soluciones a medias para daños tan graves. La única salida es una enérgica intervención de la sociedad organizada, de los ciudadanos, para regresar la política a los cauces del Bien común, de la justicia, del Estado de Derecho, del desarrollo y de la paz.

¿Qué debemos hacer?

Esta es una crisis de enormes dimensiones en la que los mejores mexicanos tienen la obligación de organizarse y operar de manera eficaz ante los políticos, legisladores, autoridades y gobernantes para que actúen de acuerdo con la ley. Es una enorme calamidad, pero también una gran oportunidad, si reaccionáramos como debiéramos hacerlo.

En esta perspectiva, el nuevo Pacto sobre Seguridad –que se ha anunciado por parte de representantes de la sociedad, de los partidos y del gobierno– que presuntamente tendría la ventaja sobre el anterior, de una participación más amplia, no sólo de los partidos, sino también de representantes auténticos de la sociedad civil, podría ser un instrumento valioso, siempre y cuando no termine en una visión miope, como mera tabla de salvación de los políticos en apuros, dejando de lado la solución de fondo de esta calamidad política y moral de enormes dimensiones.

Habría que comenzar por hacer efectivo el castigo pendiente a tantos delincuentes que se pasean a sus anchas, gozando de una impunidad que en este contexto resulta insultante e insoportable para todos.

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Restablezcamos la paz

Por Juan Pablo Castañón, Presidente Nacional de Coparmex, para yoinfluyo.com

Ante el resurgimiento de la violencia en algunas regiones del país, los empresarios de la COPARMEX sumamos esfuerzos con amplios sectores de la sociedad y con las instituciones del país, para impulsar un gran acuerdo nacional de combate al crimen organizado, la ilegalidad y la impunidad.

 

Hoy reiteramos nuestra solidaridad con el dolor de las familias de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y con el reclamo de conocer la verdad y obtener justicia. Esperamos que los responsables sean identificados, detenidos y castigados con todo el rigor de nuestras leyes. En éste, como en todos los casos, no cabe la impunidad.

Lo sucedido en Iguala debe dar pie a que el país viva un nuevo capítulo en la historia de nuestras instituciones. Tiene que marcar un alto a la impunidad, a la injusticia, la pasividad y omisión de las instituciones permeadas por el crimen organizado y la corrupción, así como de la sociedad misma, que necesita responder a lo que México reclama. No más Igualas en ningún lugar del país. Nunca más impunidad en ningún nivel.

Sin embargo, México no puede ser rehén de la coyuntura: es inaceptable que el dolor y la natural indignación de la sociedad por los lamentables hechos ocurridos en Iguala, sean tomados y cooptados como pretexto por quienes buscan alterar el orden, desestabilizar a nuestras instituciones y afectar la sana convivencia en algunas partes de nuestro país.

Llamamos a todos los sectores de la sociedad a suscribir un compromiso indeclinable con la legalidad y el Estado de Derecho. Nunca la violencia trae consigo la paz. La indignación legítima no puede justificar el quebranto a los derechos de los demás, de la convivencia en paz. Por eso, reprobamos todo acto de violencia de quienes demandan justicia, pero en realidad, al demandarla, cometen actos vandálicos, afectan a las personas, a las empresas, a los trabajadores y dañan las vías de comunicación, como fue el caso del bloqueo al aeropuerto de Acapulco y la Autopista del Sol.

La sociedad mexicana pide justicia, pero los que todos los días nos levantamos a trabajar, a producir y abastecer con productos y servicios a las familias mexicanas, también necesitamos garantías mínimas de seguridad en las calles y en las plazas. Sobre todo los trabajadores; ellos que van y trabajan en las calles para dar servicios a la comunidad.

Llamamos a las autoridades municipales, estatales y federales a que cumplan con su obligación de garantizar el libre tránsito en las carreteras, la convivencia pacífica en nuestras calles, para que nuestros trabajadores estén a salvo en el desempeño de sus labores, para que nosotros podamos convivir con tranquilidad; para que podamos hacer el traslado seguro de personas y también de las mercancías, para que los niños y los maestros puedan ir a la escuela con toda seguridad. Para que las amas de casa puedan hacer sus actividades. Para que todos los mexicanos sigamos viviendo en un ambiente de seguridad y de paz.

Los ataques registrados en contra de las instalaciones de empresas y sus trabajadores dañan a la misma sociedad que se quiere proteger; ponen en riesgo la estabilidad que requieren las inversiones y el funcionamiento de los negocios. El daño ya es cuantioso para algunas entidades como Guerrero, cuya principal actividad económica es el turismo, y Michoacán, productor de alimentos que se sirven en la mesa de los mexicanos. Y no sólo se trata del daño económico; que quede claro. Lo principal somos las personas, por tanto el daño económico tiene consecuencias en la convivencia, en la seguridad, en la paz de las familias mexicanas.

Con carácter de urgencia, se necesita que las autoridades actúen para restablecer las condiciones mínimas de normalidad en las regiones más afectadas, y para ir recuperando la ruta a la armonía y a la paz. No necesitamos personas que protesten por actos justificados, que necesiten cubrirse la cara.

Hagamos la democracia con una reflexión y participación profunda, de cara a la sociedad. Unos con otros, discutamos lo que la justicia y la convivencia en paz debe de ser, por los mexicanos. De crítica y autocrítica, pero también de unidad y preservación de la armonía para el futuro de los mexicanos. Estamos seguros de que México sabrá resolver los conflictos actuales y salir adelante. Porque somos muchos los mexicanos que queremos la paz. Lo hemos hecho muchas veces y el compromiso con nuestros hijos nos reclama hoy sacar lo mejor de cada quien en beneficio de nuestra querida Patria.

Los invito a reflexionar y a participar desde nuestras empresas, desde nuestras familias, desde nuestras regiones, en la construcción de este México que es de todos.

No porque Iguala, Guerrero o Michoacán queden lejos de nuestra propia comunidad sintamos ajena esta circunstancia que pasa nuestro país. Este México es de todos. Pongamos todo de nuestra parte para recuperar la legalidad y la vigencia del Estado de Derecho. Porque esta es nuestra Nación.

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