Responsabilidad en los medios de comunicación

La libertad de expresión es uno de los bienes más preciados y necesarios en la salvaguarda de la democracia, sin embargo, como ya hemos comentado aquí, ocurre como con cualquier otro tipo de libertad, no puede ser un valor absoluto, sino que debe estar acotado por los deberes que conlleva, la ética y la responsabilidad.

En primer término, la libertad de expresión en un medio de comunicación masivo debe estar acotada por la veracidad; los hechos tienen lugar de cierta manera y los medios no pueden alterar esa realidad, si desconocen un hecho específico y hacen suposiciones para rellenar los huecos en una historia, deben aclarar que lo están haciendo y no solo utilizar un lenguaje que legalmente les permita librar una demanda, ya que lo que informan genera opinión sobre los actores y sin estas aclaraciones se atenta contra su fama y eso es equivalente a calumniar, y aquí no hablamos de derecho, sino de moral, para los que me digan que ya no existe el delito.

En segundo lugar, cuando emiten una opinión, deben aclarar también que lo es, el auditorio tiende a creer que lo que está escrito, o se dice en radio y televisión es verdad, por el simple hecho de que se hace público, de donde se desprende la enorme responsabilidad de dejar muy claro lo que se informa como un hecho, lo que se dice como una suposición y lo que se expresa como una opinión.

La competencia feroz en que están sumidos los medios les obligan a buscar los mecanismos para aumentar su rating, este es un proceso no solo válido, sino necesario, sin embargo, hoy por hoy lo que da mayor rating es hablar mal de la autoridad, y bajo cualquier pretexto se le descalifica y ridiculiza, incluso por asuntos de los que no es responsable; el gobierno, de cualquier nivel, es la representación máxima del pueblo y como tal debe buscar su bien, al ser desautorizado constantemente por quienes tienen mayor contacto con ese pueblo, lo vuelven totalmente inoperante, lo que no conviene, no sólo a la autoridad desde un punto de vista electoral, sino tampoco al pueblo mismo para la consecución de sus objetivos. La crítica fundada, por el contrario, permite salvaguardar los valores fundamentales de la democracia como la libertad, la justicia, el derecho, la participación y la tolerancia.

Por otra parte, en un país como el nuestro, con un grave déficit educativo, los medios de comunicación también deben ser activos promotores del impulso y crecimiento de la educación, especialmente para la vida en sociedad. La transmisión de valores positivos, la construcción del tejido social y el desarrollo económico, político y social de una comunidad, pasa necesariamente por la calidad de sus medios de comunicación, y ésta depende de la calidad de sus comunicadores.

Si bien la clase política está muy desprestigiada hoy en día, la clase periodística no se queda muy atrás, basta ver los comentarios que publica el auditorio en las páginas de los medios en internet, especialmente en las secciones de opinión, donde descubrimos que “chayoteros”, “vendidos” y “cómplices” son algunos de los calificativos más suaves que se aplican. Mi reconocimiento a todos los comunicadores, hoy no es fácil el ejercicio de esta labor, pero por el bien de nuestra sociedad, debemos elevar la ética en su ejercicio.

Congreso cerrado

Hace algún tiempo, bajo el pretexto de que había presupuesto asignado para ello, se construyó un enrejado perimetral en el Congreso del Estado de Sinaloa, durante la LX Legislatura. Al poco tiempo los movimientos sociales que pretendían acceder al recinto del Congreso, un edificio público, eran detenidos en la puerta.

Desde hace algún tiempo, la ciudadanía viene exigiendo una mayor apertura de sus instituciones de gobierno; la transparencia se ha convertido en una necesidad que la sociedad exige a sus gobiernos para limitar la corrupción, la discrecionalidad y el abuso de poder. En el caso de la transparencia legislativa, los ciudadanos deseamos conocer qué legislan nuestros representantes, para qué, cómo se ejerce el presupuesto y qué sanciones se aplican con los responsables, todo ello ha llevado, en Sinaloa, a exigir un modelo de Parlamento abierto que actualmente está en construcción bajo la vigilancia de un observatorio ciudadano que lleva por nombre Congreso Abierto. A todas estas exigencias, los diputados, especialmente el coordinador de la Junta de Coordinación Política, el Lic. Jesús Enrique Hernández Chávez, más conocido como Chuquiqui, ha declarado que el Congreso tiene sus puertas abiertas, que todos los grupos serán escuchados y que se legislará de cara a la sociedad.

Pero cuál no sería mi sorpresa la semana pasada, cuando al visitar el Congreso, me encuentro con que no dejan pasar, en la entrada dicen que no se puede, que hay que esperar la hora de la sesión abierta, y mientras tanto, los ciudadanos debes esperar hacinados en el cubículo de recepción, un espacio de no más de 20 metros cuadrados, donde este viernes al menos 50 personas esperaban a que los guardias les autorizaran el acceso.

Más aún, si desea uno acceder a las oficinas, se acerca un vigilante mal encarado para decir que no puede pasar a menos que en la puerta (el cubículo de los hacinados antes mencionado) se haya dicho el lugar al que se dirigía (pues de qué otra manera lo iban a dejar a uno pasar, si tienen que llamar a alguien que autorice el paso), pero no se le ocurra querer hacer una diligencia adicional, porque si tiene que ir a otra oficina distinta de la que usted avisó, así sea por instrucciones de las personas de la primera, no puede pasar sin antes volver a la puerta y decir a dónde va su nueva expedición.

Pero el asunto no acaba ahí, una vez iniciada la sesión, tiene usted que ir a la galería superior, porque en la parte baja solo pueden entrar los asesores (omnipresentes y omnisapientes), no sea que usted contamine a algún diputado con sus malos olores.

En la práctica, el Congreso está cerrado para el ciudadano común, no puede entrar a él sin permiso de los que está adentro, no importa que usted pague sus impuestos y con ello el salario del mequetrefe que dice representarlo, pero que no está dispuesto a recibirlo, a menos claro, que eso le reporte algún beneficio. Pero no se preocupe, las cosas van a mejorar, ¡ya agarraron a Abarca!

Para alcanzar la paz

Muy interesante la conferencia del día de ayer en el Hotel Lucerna de Culiacán, del Dr. Edgardo Buscaglia, “Delincuencia organizada y su prevención en serio” o como lo mencionó también “Desmantelando redes del crimen organizado”.

Enormes retos tenemos que enfrentar los mexicanos, el Dr. Buscaglia ve con optimismo el futuro, sin embargo para que ello sea posible es necesario atender tres aspectos que en lo personal me preocuparon enormemente y que no son de fácil solución, dos de ellos mencionados por el expositor, el otro, proveniente de mi personal preocupación y, por lo que he conversado con otras personas, compartida por un importante sector de la sociedad. De las mencionadas por el Dr. Bucaglia destaco:

1. El “pacto” de impunidad en que vive el país. Este pacto es resultado de la división del pastel, el servicio público visto como un bien patrimonial de quienes lo ejercen y que durante 80 años del siglo pasado caracterizó al sistema de partido único, pero que no se ha logrado desmantelar al pasar a la vigente partidocracia que nos gobierna, dando importantes márgenes de maniobra al crimen organizado que bajo la premisa de plata o plomo, compra y corrompe a nuestros políticos y funcionarios, especialmente en las áreas de seguridad pública.

2. La simulación, como mecanismo de defensa de los restos del viejo sistema político. Aunque ya fallecido, quedan importantes restos del viejo sistema político mexicano autoritario que se niega a desaparecer, el Doctor Buscaglia señala que en México, como en ninguna otra parte existe un “doctorado en simulación” que ha permitido hacer parecer como que se hace, cuando en realidad nada se avanza. La simulación causa un enorme daño al país, porque las leyes que supuestamente deberían impulsarlo para adelante, en realidad nacen muertas o sin dientes, como es la Ley de Extinción de Dominio en el ámbito al combate del crimen o, como pudimos comprobar la semana pasada, la Ley de Consulta Ciudadana, que impide en los hechos que la sociedad tenga una participación directa en la toma de decisiones.

El tercer aspecto, si bien no se mencionó directamente en la conferencia, subyace en el sentimiento y el lenguaje de los asistentes:

3. La desesperación social y la incredulidad ante las autoridades. Los acontecimientos de Tlatlaya, San Fernando, el Ajusco y muchos otros, pero especialmente el de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace ya 39 días, en los que el Estado o parte de él participaron y a la fecha la autoridad, incluidos los sistemas de Seguridad Pública e Inteligencia de Estado, han sido incapaces de dar resultados, generan en la población un sentimiento de indefensión, despiertan las suspicacias por complicidad y destruyen cualquier vestigio de confianza en la autoridad, lo que pone al país en un estado crítico de gobernabilidad y al borde del estallido social.

Si deseamos construir la paz, requerimos de la urgente acción que desactive este último derrotero y ´permita poner las bases para avanzar en el desmantelamiento de los dos primeros, solo así nuestro país encontrará viabilidad hacia el futuro.