Educar para una nueva sociedad

Este miércoles 8 de octubre inició la Unión de Padres de Familia de Sinaloa el primer Taller de Educación para Padres de Familia al servicio de una nueva sociedad. En el taller que durará dos meses participan 20 padres de familia con una clara inquietud, ¿cómo lograr una mejor educación de los hijos al tiempo que se incrementa y mejora la calidad de la comunicación con ellos?

Nuestra sociedad está inmersa en una serie de crisis: económica, política, social y cultural, moral y antropológica; para lograr salir adelante de esta crisis es necesario afrontar los retos que plantea con una actitud positiva, dispuestos a sacar lo mejor de los cambios que la nueva era que estamos viviendo nos plantea.

Para ello es necesario centrarnos en la persona como sujeto y fin de la educación, la cual debe buscar la verdad, el bien y la belleza, tocando la inteligencia, la voluntad y la imaginación.

Educar para una nueva sociedad significa asumir la responsabilidad que como padres de familia tenemos con nuestros hijos y la comunidad, para juntos trabajar en el desarrollo pleno y la humanización de la persona y la sociedad.

Construir esta nueva sociedad parte del compromiso ineludible de educarnos como personas, como adultos, como padres miembros de una colectividad que requiere de nuestra participación y nuestro ejemplo.

Reconocemos la educación como la gran tarea que ayuda a toda persona a realizarse a sí misma con dignidad en una realidad concreta, que nos permite vincularnos correctamente a la sociedad, al ambiente y a toda la cultura, así como a las instancias con las que actuamos necesariamente.

Estas instancias son: la familia, la escuela, la empresa y el gobierno, pasando por todas las instituciones que la sociedad crea para su propio beneficio y bienestar; como Padres de Familia asumimos la responsabilidad de formar ciudadanos responsables y útiles a la sociedad en el seno de nuestro hogar, pero para poder lograrlo nos unimos a otros padres de familia para que juntos recorramos el camino que este reto nos plantea.

Responsabilidad ambiental

Hace unas semanas, la SEMARNAT suspendió la construcción de una presa en el río Piaxtla debido a un deficiente estudio de impacto ambiental, el cual no consideraba multitud de variables y problemas reales existentes en la zona o que podrían ser inducidos por la realización de la obra.

Curiosamente, las autoridades que gastaron casi 10 millones de pesos en pagar un mal estudio de impacto ambiental, quieren culpar a los ambientalistas y a los pobladores de la zona por la “irresponsabilidad” de impedir el “progreso”, el “desarrollo” y el crecimiento en beneficio de la zona; a esas mismas autoridades se les olvida mencionar que una gran cantidad del líquido que se retendrá, tiene como objetivo bañar el Valle de San Lorenzo y alimentar de agua al municipio de Culiacán, para lo que retirarán más de 500 millones de metros cúbicos del caudal del río Piaxtla, generando un problema donde hoy no existe.

Tras ver lo ocurrido hace unas semanas en Sonora, sería una verdadera irresponsabilidad permitir la construcción de este sistema hidráulico sin un adecuado estudio de impacto ambiental y su correspondiente remediación para evitar un daño severo a los pobladores de la región de San Ignacio y al ecosistema en que se asientan. Hoy, el argumento del desarrollo económico, es insuficiente para alterar el curso de la naturaleza, junto con ello es necesario presentar los planes para la preservación de la flora y la fauna, los estilos de vida, empleo y desarrollo de las comunidades afectadas y el beneficio directo que estas mismas recibirán.

La falsa premisa de que es necesario destruir para obtener ganancias económicas ya no es viable en un mundo que sufre día a día los efectos de un cambio climático debido a la voracidad de algunos capitalistas y los gobiernos que los protegen y auspician.

Es necesario aprovechar mejor las aguas del río Piaxtla, el único caudal de agua bronca que queda en la entidad, pero su mejor aprovechamiento no puede ignorar la preservación de las especies en el mar de cortés, en la Meseta de Cacaxtla, en la sierra de San Ignacio y en el propio cauce del río; como tampoco puede ignorar y desentenderse de la alteración a la vida cotidiana de los habitantes de la región y las oportunidades para que ellos mismos alcancen un mejor nivel de vida. Solo así se puede decir que se actúa con responsabilidad ambiental.

Protesta social y crimen organizado

Los recientes hechos acaecidos en Iguala, Guerrero con la desaparición y muerte de normalistas de Ayotzinapa es una llamada de atención para las autoridades y la sociedad. Es lamentable el acto de represión realizado por la policía municipal, en la que el gobierno del estado no puede desentenderse, ya que existe el acuerdo de mando único, por lo que debe afrontar sus responsabilidades, pero aún más grave, la participación de la delincuencia organizada en el mismo acto de represión y al parecer como responsables materiales del homicidio de los estudiantes.

¿A qué se debe esta acción del cártel Guerreros Unidos?, ¿un acuerdo con el Presidente Municipal?, ¿una manera de demostrar quien manda en la región?, ¿poner orden por su cuenta contra los inconformes?. No encaja en la lógica del crimen organizado este tipo de acciones, ya que no existe un beneficio por lo realizado, a menos que se cobre al erario público por este hecho.

La delincuencia suele buscar congraciarse con la sociedad a través de protegerla o brindarles beneficios como obra pública, de manera que les sirva de protección contra la propia autoridad cuando ésta emprende acciones de persecución en su contra, encontrando refugio en las zonas alejadas de las urbanizaciones pero contando con el silencio por miedo y/o agradecimiento; sin embargo este hecho solo puede despertar la indignación y ciertamente no le genera un beneficio económico, ¿qué está pasando?

Hay una intención de generar ingobernabilidad, mayor distanciamiento con la autoridad o incluso encender la mecha de una revolución armada en contra de las autoridades civiles, en este sentido, los cárteles pueden estar interesados en generar el conflicto para ganar en la venta y distribución de armas, colocarse en una mejor posición en su relación con el poder público y pasar desapercibidos en sus confrontaciones con otras células criminales; de otra manera no se puede explicar esta acción.

Pero si es así, ¿con quienes se está aliando?, el gobierno federal pareciera ser el único que queda fuera de la sospecha, sin embargo los que más pierden son el alcalde y el gobernador, ¿fueron sus adversarios políticos los que promovieron esta acción?

Son muchas las preguntas, y las respuestas no están disponibles ni son evidentes, el tiempo irá dando algunas claves para resolver el enigma, pero desgraciadamente podría ser demasiado tarde para poder hacer algo.