Doctrina Social de la Iglesia: ¿un tema a debate?

Antonio Maza Pereda

No hay debate. Y debería haber. Hay que ir más allá de adjetivos y descalificaciones y discutir en serio, con bases sólidas, los temas que han hecho muy difícil la implementación generalizada de la Doctrina Social de la Iglesia.

La visita del Papa vuelve a poner en la mesa el tema de la Doctrina Social de la Iglesia. En particular, en su alocución en Ciudad Juárez, dijo el Papa que la Doctrina Social de la Iglesia no va en contra de nadie, sino a favor de todos. Y también dijo que su implementación es muy difícil.

Me encantaría poder decir que esto ha puesto en el debate la pertinencia de la Doctrina Social de la Iglesia. Creo que no ha habido tal debate. No ha habido una reacción clara al respecto, ni de los empresarios católicos, ni de la jerarquía eclesiástica, ni los medios, ni los organismos gremiales. Sus observaciones han sido recibidas con un silencio ensordecedor. Y, creo yo, el tema merece el mayor de los respetos y un debate serio, bien informado, sobre el tema.

Hay quien considera irrelevante la alocución del Papa. Ciertamente, el Papa no es infalible en temas de economía, de finanzas, o de conducción empresarial. Pero, por otro lado, el Papa no vino a ofrecer recetas. Viene a recordarnos los principios éticos que deben regir toda la actividad humana, no sólo la empresarial. Del otro lado, no faltan los que dicen: ya habló el Papa, no queda nada por debatir.

Yo creo que es un hecho inobjetable que la Doctrina Social de la Iglesia no se ha implementado ampliamente. Se pueden citar algunos ejemplos aislados, de algunas empresas muy grandes, que hacen una gran labor filantrópica. Quedaría por discutir si efectivamente están haciendo una aplicación completa de la Doctrina Social de la Iglesia. Es muy fácil tomar la posición de decir que los que no la han implementado es porque son pecadores irredentos. "Ambiciosos, voraces, amantes del lucro", son los adjetivos que se usan para calificar a quienes no han adoptado estos principios. Desgraciadamente, los adjetivos no sustituyen a la razón. Para lograr un debate habría que admitir la posibilidad de que hay obstáculos que deben ser resueltos en una implementación generalizada de estos principios sociales.

De manera que tenemos dos bandos. Los que consideran que es un tema que a la Iglesia no le toca, haciendo un uso abusivo de la frase "A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César"; y, por el otro lado, los que consideran que no vale la pena discutir con el otro bando, porque están cerrados y tienen razones pecaminosas para no tomar parte en una discusión.

En mi opinión, como muchas veces, la posición correcta está en medio. Es necesario establecer un campo común para poder debatir el tema social. Poner bases para la discusión, excluir el uso de adjetivos y reconocer que hay temas que, como el propio Papa dijo, son muy difíciles. Pero esta dificultad no debería de ser obstáculo para un debate honesto y productivo.

Hay muchos temas en los cuales debatir, y posiblemente requiera más de un artículo para atender a todos. Me parece muy importante definir cuáles deberían participar en este debate. Quienes escriben y difunden temas de la Doctrina Social de la Iglesia tienden a ser sociólogos y clérigos. Se ven pocos economistas y prácticamente ningún especialista en administración de empresas. Se ven algunos empresarios, pero no empresarios en pequeño, que son los que encuentran más dificultad en aplicar esta Doctrina. Y pocos laicos.

Muchos de los conceptos que se manejan, en las indicaciones para la implementación de esta doctrina, no consideran cosas tan básicas como la contabilidad de costos, que no es algo nuevo pero que es muy posterior a los primeros documentos de Doctrina Social de la Iglesia. Los conceptos del Estado benefactor, que están en quiebra prácticamente en toda la humanidad, podrían también ser discutidos.
Muchas veces, entre los expositores, hay una grave confusión entre lo que le toca a la sociedad y lo que le toca al gobierno. Lo cual ha llevado a algún exponente de la Doctrina Social de la Iglesia a decir cosas como: "hay que poner todos los medios de producción en manos del Estado", haciendo una lectura selectiva del concepto de respeto a la propiedad privada que está claramente establecido en esta doctrina.

Hay que debatir el papel de esta doctrina en el caso de las pequeñas empresas, que son las que encuentran más difícil la aplicación de sus conceptos. Claramente, hay que dar una respuesta, que sea factible llevar a cabo, a este nivel de empresas. Y, no se nos olvide, que de 5 millones de empresas que hay en México, más de 4 millones son microempresas y sólo 50,000 son empresas grandes. Me imagino que no se puede decir que esta doctrina sólo debe ser aplicada por las grandes empresas. Una buena implementación debería de ser posible para todos los tamaños de empresa. Porque, si no es así, el mensaje para las pequeñas empresas sería: "desaparezcan, porque no son capaces, no tienen las posibilidades de cumplir con estos preceptos". O, podría ser: "si tu empresa es pequeña, no te preocupes de estos principios éticos".

Estoy consciente de que he caricaturizado en alguna medida parte de los campos en debate. Un poco para mostrar que hay materia suficiente para un debate. Un verdadero debate, donde no se trate de vencer, sino de llegar a un terreno común, llegar al terreno de lo práctico. Un debate que debería ser fundamentalmente llevado a cabo por laicos, católicos y no católicos, de derecha e izquierda, de muchos campos del conocimiento y con una amplísima participación de aquellos que tienen que llevar a cabo los preceptos de esta doctrina y que conocen de primera mano la situación y las dificultades a las que el propio Papa aludía.

La difícil situación de PEMEX

Juan Pablo Castañón

Llegamos al 78 aniversario de la expropiación petrolera, que dio pie a la creación de Petróleos Mexicanos, con la crisis más profunda en la historia en esta empresa.

Hemos insistido en que para resolver los grandes problemas que enfrentamos los mexicanos, si queremos superar los desafíos de la nación, tenemos que reconocerlos en su justa dimensión, para acometer las estrategias y acciones que proceden, en tiempo y en forma. En este caso, es fundamental que así lo hagamos.

Pemex no sólo tiene dificultades temporales de liquidez de corto plazo, sino un deterioro y desajustes estructurales que comprometen su viabilidad y supervivencia. La presión en el flujo de caja es la punta del iceberg de todos los problemas acumulados, que justamente hay que reconocer y resolver.

Es cierto que la brutal caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales precipitó la crisis, pero la dimensión de los problemas responde a décadas y décadas de una falta de visión, una carente gestión, negligencia, abusos y en muchos casos corrupción.

Hay que reconocer que estos problemas los tenemos y los tenemos que solucionar, recordando que, aun con los precios elevados que tuvimos por varios años, de más de 100 dólares por barril, Pemex ha tenido un balance deficitario casi año con año. Acumula 11 años consecutivos de contracción en la producción.

La reforma energética abrió oportunidades y caminos para transformar a Pemex, pero no puede por sí sola resolver todos los problemas que tiene, ni suplir las decisiones estratégicas que deben tomarse, con todos los cambios que se requieren en la gestión y en la administración, para hacerla una empresa competitiva globalmente.

El éxito de cualquier reforma depende tanto de su concepción como de la ejecución de la misma. Pemex ahora está constituida, por ley, como una empresa productiva del Estado, pero tenemos que hacer que en los hechos opere como una verdadera empresa y que efectivamente sea productiva para el Estado Mexicano.

Hoy, la realidad es que es una de las empresas de energía más improductivas del mundo. Necesitamos que esta crisis sea el punto de inflexión para dejar atrás esta situación, y con las decisiones y cambios de fondo que hacen falta. Los retos son muy claros. Un pasivo laboral que creció más de 100% en cinco años, y que aún con avances que se han logrado para reducirlo, supera los 1.2 billones de pesos. Es casi el 7% del Producto Interno Bruto del país y se estima que sólo podrá amortizarse por completo hasta dentro de 40 años.

La deuda supera los 86 mil millones de dólares. El año pasado, la empresa tuvo pérdidas por más de 30 mil millones de dólares. Con más de 144 mil empleados, su productividad laboral es la más baja entre las compañías petroleras en el mundo: menos de 17 barriles por trabajador contra más de 37 de una empresa privada como Shell o 43 de una empresa pública como Statoil, de Noruega.

Las deudas con proveedores alcanzaron cerca de 145 mil millones de pesos. Afortunadamente se han encontrado soluciones para el problema de inmediato, que afecta a diversas cadenas de valor en las que participan miles de empresas, de las que dependen cientos de miles de empleos; pero subsiste la descomposición financiera, estructural de la empresa y su propia cadena de valor.

Los recortes anunciados, por 100 mil millones de pesos, también significan un respiro, pero de ellos, 46 mil millones corresponden al área de exploración y producción, el corazón del negocio de Pemex, su base de rentabilidad. Esto puede contrarrestarse con alternativas como alianzas con el sector privado y otros esquemas creativos, pero para que ello suceda, hay que afinar los incentivos y los instrumentos. Lo cierto es que no podemos permitirnos dejar caer a Pemex, que persista la tendencia de descomposición, sin una reacción contundente.

Las implicaciones de no responder adecuadamente al reto serían de amplio alcance y de graves problemas. Pemex no sólo financia cerca del 30% del presupuesto público; es eje central del abasto de insumos básicos para la población y la planta productiva. Hay estados y ciudades enteras que dependen de manera irremplazable de sus operaciones.

Sacar adelante a Pemex es un asunto de seguridad nacional, no sólo energética y fiscal, es del Estado Mexicano.

El Gobierno Federal ha señalado su determinación de estar a la altura de las circunstancias, adelantando un posible plan integral para rescatar a Pemex.

Esto urge, y debe hacerse de manera colaborativa con el sector privado, con las cadenas de valor, con los trabajadores, con todos los implicados, para que de una vez por todas, adaptemos a nuestra empresa productiva del estado en materia energética, en particular petrolera, para hacerla de competitividad global.

Lo más importante es que el plan de rescate vaya al fondo de los problemas, estos problemas que hemos descrito, que son de generación tras generación, no solo son de la coyuntura de los años pasados.

Soluciones efectivas a los retos pensionarios y laborales; a la corrupción endémica que existe en algunas áreas; reestructura efectiva para que haya autonomía, capacidad financiera y gobierno corporativo. Aprovechar fórmulas de capitalización, como las que existen por la vía bursátil, o de alianzas estratégicas, la desincorporación de activos, el fortalecimiento financiero, para enfocar a Pemex en lo que es el core business, el foco de su negocio.

Visión de largo alcance, en la concepción de una empresa de energía del Siglo XXI, y no sólo de explotación de recursos no renovables. Inversión en investigación y desarrollo, y flexibilidad e incentivos para asociaciones y aprovechar mecanismos como los farm outs.

Inversión en tecnologías, inversión en conocimiento, inversión en preparación de todo el activo humano que tiene Petróleos Mexicanos. Propiciar el desarrollo de clusters de energía e industriales. La reforma energética es fundamental para dar competitividad y empuje a la industria nacional. Pemex tiene que avanzar con ese imperativo. Se trata de refundar a Pemex, el Petróleos Mexicanos del Siglo XXI.

Por nuestra parte, participaremos con propuestas muy claras y compromisos en este sentido, desde las cadenas de valor, donde participan las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, hasta en la política pública, para enfocar la solución de acuerdo a las necesidades de Pemex.

Hace 78 años se tomaron decisiones claves en función de las circunstancias del mundo y el México de entonces, durante este tiempo se construyó una empresa que respondía a esos tiempos. Hoy nos toca a nosotros, a esta generación, en estas circunstancias, la responsabilidad, de acuerdo a los retos de nuestro tiempo.

Rentable que Ejército sea chivo expiatorio

José Antonio Ortega Sánchez

Nadie cree que estén vivos los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, en primer lugar los que dicen "vivos los llevaron, vivos los queremos".

¿Por qué insistir en esa demanda imposible de satisfacer? Porque es muy lucrativa en términos políticos y económicos. Pero resulta más redituable aún, si en lugar de culpar a los responsables de desaparecer y ejecutar a esas personas (José Luis Abarca, policías municipales y los hampones de Guerreros Unidos), se culpa a quienes NO son responsables: al gobierno federal y en particular al Ejército.

Llegará el momento del resarcimiento de los deudos de los desaparecidos-ejecutados. Y para satisfacerlo, en estricta justicia, los recursos deberían provenir de la riqueza de Abarca y sus socios criminales.

Pero quienes claman "vivos los llevaron, vivos los queremos" quieren más que eso en términos monetarios y políticos. Por eso están intensificando la campaña en contra del Ejército, aunque en realidad no tengan la menor evidencia de su (inexistente) participación en los hechos.

Si estas maniobras tienen como efecto colateral que Abarca y los demás responsables queden libres e impunes, es algo que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los grupos de izquierda les tiene sin cuidado. De este tamaño es su corrupción. Ni la verdad ni la justicia les han importado ni les importarán jamás.

Entonces, para lograr el propósito extorsivo, culpar al Ejército y presionar al gobierno por todos los medios es decisivo. A su vez, para presionar mejor es vital que los "expertos" sigan en el país. Y para forzar su permanencia fueron al Parlamento Europeo.

Con este activismo político descarado, con cargo a los contribuyentes mexicanos, los "expertos" y sus jefes de la CIDH se confirman como reos del delito de fraude contra el Estado mexicano.

Parte de la presión es la exigencia de que la investigación vaya más allá del municipio de Iguala respecto a los nexos de autoridades con narcos. Y ojalá la PGR les tome la palabra a quienes participan en el intento de extorsión. Una investigación mínimamente seria confirmaría que facciones de izquierda llevan una década matándose en Guerrero con saldo de más de 200 muertos (incluidos los 43) y que cada facción está coludida con narcos.