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| "Promoviendo la Participación Ciudadana" |
Breves del mundo 22/Abril/2016
Pedro de Legarreta Lores
Ecuador, sacudido por un sismo y en una difícil situación.- Más de 500 personas murieron víctimas de un fuerte terremoto de magnitud 7,8 registrado el sábado en la provincia de Manabí, en el noroeste de Ecuador, según reportaron las autoridades. El viceministro de Interior Diego Fuentes advirtió además que el número puede crecer, ya que los rescatistas están perdiendo la esperanza de encontrar supervivientes cinco días después del sismo. 2.000 personas no han sido aún localizadas y unas 20.000 se quedaron sin casa. También hay miles de heridos y desplazados. Cientos de trabajadores de emergencia llegaron desde Colombia, México, El Salvador, España y otros países. Con el paso de las horas crecen los temores por la situación de las personas dejadas sin hogar por el sismo, la falta de agua potable y las enfermedades que puedan surgir. La solidaridad internacional será fundamental para que Ecuador pueda resurgir después de este desastre.
Dilma a punto de ser destituida.- Luego de que el domingo pasado la Cámara de Diputados de Brasil votara a favor del Juicio Político a Dilma Rousseff la tensión política en el país no ha hecho más que crecer. Eso y la ya de por si gran crisis social y económica en la que se ha visto inmerso el país desde hace algunos meses. Las acusaciones de corrupción han escalado incluso hasta llegar a Lula da Silva por malversación de fondos de Petrobras. Por la magnitud del escándalo pareciera que el proceso de juicio político atendería las mismas. Aún así, las acusaciones contra Dilma para aprobar el juicio político tienen más que ver con manipulación del presupuesto del país mediante decretos, acumulación de deudas y créditos con la banca pública. Hay que decir que quienes acusan a Dilma tienen su propio pasado de mala conducta, incluso se señala que el 60% de ellos enfrentan, ellos mismos, cargos por corrupción. Si el juicio político estuviera sustentado en las acusaciones que se han hecho sobre corrupción el tema no daría para más, sin embargo, la falta de sustento, el manejo mediático que se ha dado al caso y los argumentos reaccionarios hacen temer lo peor: una intentona de regresión autoritaria. Sin embargo, por mucho que pese políticamente no se trata de un golpe de Estado. La Cámara de Diputados -y luego el Senado- están perfectamente facultados para iniciar y votar un juicio político con el Presidente del país.
Unión Europea endurece posturas migratorias ante terrorismo.- Europa enfrenta hoy dos desafíos especialmente relevantes porque no hay antecedente ni fórmula para resolverlos: frenar el terrorismo y gestionar los flujos migratorios más grandes desde la Segunda Guerra Mundial. La búsqueda de soluciones respecto a la migración ha sido difícil porque se trata de un tema complejo que genera división de opiniones y posturas. En los extremos hay quienes proclaman la solidaridad y la aceptación, mientras otros privilegian su propio bienestar (al que juzgan en riesgo) y se pronuncian por el rechazo total a los migrantes. A esta discusión no resuelta se agrega el terrorismo, que incorpora elementos paralizantes: el miedo y la sospecha. Miedo ante el diferente y sospecha hacia todos. Europa, en términos generales, es próspera y libre. Contra esa prosperidad y esa libertad atenta el terrorismo, que genera una atmósfera de miedo y desconfianza, que hoy amenaza con romper la solidaridad y sumir a los europeos en la incertidumbre.
México es vulnerable por graves fallas institucionales
Bernardo Ardavín Migoni
Es evidente que las reformas estructurales relativas a la energía representan nuevas y apetitosas oportunidades para los intereses estadounidenses. También, desafortunadamente, nuestras graves deficiencias relacionadas con la falta de respeto al Estado de Derecho –en particular, las violaciones a los derechos humanos y la enorme desatención a las víctimas–, nuestro fracaso en el control de la delincuencia organizada con el resultado de numerosas víctimas asesinadas y desaparecidas, las preocupantes lesiones a la gobernabilidad en numerosas localidades del país y la corrupción con el frecuente involucramiento de autoridades de todo tipo en los delitos cometidos, constituyen un marco político sumamente desventajoso para México, que facilita la presión de instancias internacionales al país, incluyendo, desde luego, las provenientes de Norteamérica.
Las posiciones de Donald Trump son, simplemente, descabelladas
Famosas se han hecho la pretensiones de Donald Trump, planteadas como amenazas futuras a los mexicanos si llegara a la Presidencia: Desde construir un gigantesco muro, de casi 2 mil millas (3.145 km.), que complemente el que, vergonzosamente para los políticos de ese país, ya existe, y cuya construcción, además sería, según advierte el candidato, pagada por México. La promesa de expulsar a los más de diez millones de mexicanos que viven en el norte, como ilegales, muchos de ellos con decenas de años de residencia y con hijos nacidos allá; así como impedir que las empresas norteamericanas, por ejemplo las automotrices, sigan invirtiendo para instalar plantas en México. También prometió impedir que los migrantes envíen a México el dinero que han ganado con su trabajo...
¿Qué debemos hacer?
Ante las elecciones norteamericanas, cuyo resultado difícilmente podría ser fuente de expectativas halagüeñas para México, debemos concentrarnos en participar intensa y organizadamente, para exigir a nuestras autoridades que instrumenten los cambios necesarios para fortalecer nuestras instituciones. Sobre todo las relativas al Poder Judicial y las encargadas de la seguridad, de tal manera que atendamos a la asignatura pendiente de mayor envergadura que tenemos: combatir a fondo la corrupción y mejorar el respeto al Estado de Derecho, con especial énfasis en los derechos humanos, para lograr una mejor impartición y administración de la justicia.
Por lo pronto, unámonos a la campaña de firmas ciudadanas, para obligar a rendir, en las leyes del sistema para el combate a la corrupción, la declaración 3de3 a todos nuestros funcionarios, representantes populares y miembros de la administración pública.
Para ello sigue esta liga: http://tresdetres.mx/#/elecciones2016
Pendientes legislativos
Juan Pablo Castañon
El Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de esta Legislatura se acerca a su final sin que se hayan resuelto varios asuntos pendientes de la más alta prioridad. Se requiere del compromiso de todas las fracciones parlamentarias en ambas cámaras para sacarlos adelante, en tiempo y en forma.
Hay que acelerar el paso. Quedan dos semanas para desahogar la agenda de temas impostergables. Es importante cumplir con los plazos y, más aún, es preciso que la legislación aprobada cubra cabalmente con las necesidades por las cuales se necesitan con premura.
Por ello, consideramos de elemental responsabilidad con la situación del país considerar, en su momento, un periodo extraordinario de sesiones para que no se retrase más la resolución de los retos de la trascendencia del Sistema Nacional Anticorrupción, verdadera exigencia de la sociedad, que pone a prueba la voluntad de la clase política para ir adelante con la modernización, la democratización y el desarrollo nacional, fortaleciendo nuestras instituciones.
De posponer las asignaturas, en adelante se presentarán escollos que volverán difícil su consecución: primero, por el ambiente crecientemente polarizado alrededor de las elecciones del 5 de junio, y en seguida, por la preponderancia que tomará, en el periodo de sesiones que iniciará en septiembre, todo lo relacionado con la Ley de Ingresos y el presupuesto federal para 2017.
Hay varios pendientes en los que, en las próximas semanas, podemos y debemos dar esas señales de rumbo y voluntad política que se necesitan en México.
En materia de Estado de derecho, se logró avanzar en la legislación secundaria que faltaba sobre transparencia y acceso a la información pública, en el sentido marcado por la reforma constitucional. Empero, insistimos, subsiste el gran reto de consolidar el andamiaje jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, el gran pendiente de la agenda legislativa.
Lo que se pide en este caso es muy preciso: el cumplimiento de los compromisos y los plazos estipulados. Incorporar las aportaciones y demandas ciudadanas, como el esquema de declaraciones públicas "3 de 3" y nuestra propuesta ciudadana de transparencia y responsabilidad pública. Que la fuerza de la reforma que aprobó el Constituyente Permanente no se diluya en la legislación secundaria. Para ello, la interlocución y consulta con la sociedad civil es fundamental. En el combate a la corrupción y la impunidad, México no puede aceptar cambios superficiales o imposibles de llevar a la práctica.
En materia de seguridad pública, vemos dos asignaturas indispensables. Por una parte: las decisiones que urgen para la reestructuración del sistema policiaco nacional: El mando único, el mando unificado, la iniciativa de mando único mixto –como sea la figura–, pero es un paso en la dirección correcta, si se acompaña de otras medidas y una coordinación eficaz a nivel federal, con las instituciones, aun con excepciones de corporaciones municipales que funcionen adecuadamente y sean confiables en los municipios que así lo tienen.
En segundo término: las reformas pendientes para dar certeza jurídica a las fuerzas armadas. Son ya muchos años de soslayar este reto, que implica riesgos y problemáticas muy complejas.
En el plano económico, llamamos a la pronta aprobación de la Ley de Unidad de Medida y Actualización. La clave está en instituir el método de actualización correcto, basado en la inflación subyacente. Urge hacer esto para tener una oportunidad de diseñar una política salarial de largo plazo y de largo alcance para los ingresos de nuestros trabajadores, asimismo, es indispensable que el debate parlamentario encaminado para dignificar el salario mínimo parta del principio de que éste se defina a partir de un esquema tripartita: gobierno, trabajadores y sector patronal. Somos nosotros los que estamos en la economía, en el trabajo cotidiano, en el mercado, en las empresas.
Hay también temas de la mayor relevancia, en términos de impulso a la inversión y al crecimiento, como es el caso de las Zonas Económicas Especiales y la Reforma a la Ley de Obras Públicas.
Se trata de asuntos de interés prioritario para el sector empresarial, que tienen que ver con la certeza jurídica, con la necesidad de garantizar y agilizar los pagos a proveedores del sector público, así como lograr una mayor eficiencia, transparencia y competitividad de los procesos de contratación, el desarrollo de infraestructura y las sinergias entre gobiernos y empresas para el desarrollo que México necesita.
El exhorto que hacemos a los diputados y a los senadores es muy claro: ser consecuentes con los desafíos que el país demanda.
Urgen señales claras y contundentes, de cara al mundo y sobre todo para nosotros mismos, para los mexicanos, de la determinación de ir a fondo contra los grandes problemas nacionales y frente a los obstáculos que se oponen al progreso y a la justicia.
El camino andado ha sido importantísimo, falta solo concluir para darle un marco jurídico, un marco de Estado de Derecho necesario para la plataforma de desarrollo de México. Consideramos que hay tiempo para hacerlo, siempre que exista visión de Estado y voluntad política.
La flexibilización del Calendario Escolar
Manuel Silva Sánchez
La Comisión de Educación del Senado de la República aprobó la iniciativa que presentó el Presidente de la República para flexibilizar el Calendario Escolar, para que las escuelas de Educación Básica y Normal puedan fijar su calendario cada ciclo, comprendiendo un mínimo de 185 y un máximo de 200 días efectivos de clases.
El dictamen implicó cambios en los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación.
Las instituciones tomarán seguramente en cuenta las condiciones climáticas, los usos y costumbres y festividades de cada una de sus localidades, las condiciones de seguridad o políticas de su entorno.
Con dicha medida se promueve la autonomía de gestión, quedando aún por emitirse los lineamientos generales a que deberán sujetarse para dichos ajustes, los que serán emitidos por el Poder Ejecutivo y deberán verificarse por las autoridades educativas de cada entidad; los Consejos de Participación Social podrán incidir en la toma de estas decisiones.
Este ajuste normativo tendrá enormes repercusiones en la vida de las instituciones educativas de nivel básico y Normal, debido a que será una de las maneras en que la participación social tendrá un efecto concreto en el sistema educativo local, debiendo protegerse en la toma de decisiones respectivas a los alumnos y a las familias.
No obstante, se corre el enorme riesgo de que las instituciones educativas opten por el principio del menor esfuerzo, y tiendan a justificar el mínimo de días de clase a 185, buscando y encontrando justificaciones para ello, lo que afectaría la calidad educativa pretendida; las autoridades educativas deberán estar al pendiente de evitar estas conductas por más democráticas que parezcan.
Veremos en la práctica los efectos de esta medida.
